Paciencia estratégica

Esta vez también contarán votos y escaños. Sumarán juntos los sufragios a los partidos que llevan la independencia en su programa y también los que llevan el derecho a decidir o los que ofrecen una reforma de la Constitución. Habrá lecturas plebiscitarias y, a tenor de las encuestas, es probable que la independencia retroceda respecto al 27-S. Será difícil que los resultados de entonces, este 47'8% de votos independentistas, no aparezca como la cumbre que precede al descenso.

De momento, a diferencia de lo que ocurrió en las autonómicas, en todas las encuestas suman menos Esquerra y Democràcia i Llibertat (la antigua Convergència) —el sí a la independencia—, que Ciudadanos, PP y PSC —el no—. La mejor lectura para el independentismo será rechazar toda clave plebiscitaria y sacar la consecuencia de que hay que evitar la celebración de nuevas elecciones en marzo. Tres derrotas seguidas certificarían la defunción del proceso para una larga temporada.

Será un magro consuelo para los espíritus conservadores, porque el inmovilismo saldrá derrotado. Siguiendo siempre las encuestas, quien se acercará a la mayoría será la suma de los votos a partidos que propugnan el derecho a decidir: En Comú Podem, ERC y DiL sumarán entre 48 y 49 por ciento según varios institutos de sondeos. La lectura plebiscitaria quedaría asegurada desde el independentismo si superaran el 50 por ciento y con ella el retroceso de la actual pantalla del independentismo exprés a la pantalla anterior de la consulta pactada al estilo de Escocia.

El proceso, ahora varado, ha impartido algunas obvias lecciones a sus seguidores: las prisas son malas consejeras, todo es reversible

La adición será abrumadora, a pesar de la heterogeneidad de los sumandos, respecto a la reforma de la Constitución: los partidos que la propugnan enfilan resultados por encima del 60%. Apartemos al PP, que no la quiere aunque no la descarte, y a ERC que solo tiene interés en la Constitución de la República Catalana. No vamos a apartar por el momento a DiL, que quiere negociar la independencia y la consulta legal y pactada que la incluya como opción. Lo importante de este bloque será el peso de cada uno de sus componentes: desde quienes querrán una Constitución que cierre definitivamente el Estado autonómico hasta quienes querrán que quede permanentemente abierto con el derecho a decidir.

Todo apunta a que el 20-D debilitará al independentismo, reforzará el derecho a decidir y fijará la reforma de la Constitución en el horizonte de la legislatura. Aunque el optimista incansable que es Quico Homs quiere convencer a los españoles de los beneficios de la independencia, la única batalla viable girará en torno al derecho a decidir, en la que ERC y CiL encontrarán aliados en un buen bloque parlamentario, encabezado por Podemos, aunque en evidente desventaja respecto al bloque formado por PP, PSOE y C's, abiertamente contrario a su inclusión en la reforma.

El proceso, ahora varado, ha impartido algunas obvias lecciones a sus seguidores: las prisas son malas consejeras, todo es reversible menos la muerte, mala cosa es quemar las naves porque luego hay que regresar a casa. Salen del pasado, pero pueden servir para un futuro, en el que no está garantizado que el independentismo apresurado encuentre el ritmo y la velocidad que necesita. Si el independentismo quiere trocar sin más la independencia rápida y feliz que no ha conseguido por una consulta a la escocesa igual de rápida y feliz, se encontrará de nuevo con un muro insalvable y no es seguro que pueda sostener una nueva derrota.

La paciencia estratégica requiere jugar a esa reforma de la Constitución que los partidos más encrespados contra el proceso independentista no querrán adaptar a las reivindicaciones más populares en Cataluña. No importa, porque la mayor virtud de una reforma constitucional es que, finalmente, también se pone a votación de todos los ciudadanos en un plebiscito auténtico, en el que solo cuentan los votos, pero se cuentan separadamente en cada circunscripción electoral.

Para que sea útil, la reforma deberá dar satisfacción a una mayoría de los catalanes: cuantos más sean a partir del 50 por ciento de voto afirmativo, mejor. Y si el Congreso no es capaz de ofrecer al conjunto de los españoles lo que una mayoría de catalanes pueda aceptar, entonces se abrirán de par en par las puertas al derecho a decidir, es decir, a una consulta sobre la independencia, pactada y acordada.

Todo esto es una legislatura más, es verdad. Y volver a empezar, ciertamente. Pero así es como son las cosas y no como nos quieren hacer creer algunos, como si la voluntad y los deseos democráticos tuvieran efectos automáticos e inmediatos.