Vigo regresa al urbanismo de 1993
El Supremo tumba el planeamiento de la ciudad más poblada de Galicia y devuelve a la ilegalidad a miles de viviendas
La situación urbanística de Vigo retrocede 22 años. El Tribunal Supremo ha tumbado el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la ciudad más poblada de Galicia, (300.000 habitantes) que llevaba en vigor desde 2008. La sentencia del Supremo, atendiendo al recurso interpuesto por una asociación vecinal, corrige una anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que en febrero de 2014 avalaba un procedimiento calificado ahora como “radicalmente nulo”: la tramitación ambiental “indebidamente justificada”. La caída del planeamiento devuelve a la ciudad a la situación urbanística de 1993, con miles de viviendas ilegales. El alcalde, Abel Caballero, que sostiene que "la sentencia es contra la Consellería de Medio Ambiente y no recrimina nada a este Ayuntamiento", ha asegurado que muchos de los casos "pueden tener solución" y que a tal fin mantendrá de inmediato una reunión con la actual conselleira. "Hay que minimizar los efectos", ha asegurado.
La sentencia del Tribunal Superior ha cogido por sorpresa al regidor socalista. Pese al golpe que supone para la ciudad la pérdida de un planeamiento que se daba por definitivo, Caballero aseguró a primera hora de este martes, mientras sus asesores analizaban aún la resolución judicial, que no habrá problemas.
“En mi ciudad lo resolvemos todo”, precisó por la mañana respondiendo a los periodistas, en alusión al casi un centenar de recursos solventados por su gobierno durante estos años y tras señalar que fue la Xunta de Galicia la que autorizó el plan general sin la perceptiva evaluación ambiental.
Así lo reconoce en su sentencia el alto tribunal al fallar a favor del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el colectivo Alternativa Ciudadana contra una orden de la Consellería de Medio Ambiente. Este departamento de la Xunta, presidido en 2008 por el exsecretario general del PSOE gallego Pachi Vázquez, justificó la ausencia de la evaluación ambiental estratégica del PGOM señalando que demoraría la ejecución de los proyectos e infraestructuras con un importante "coste económico y social” para la ciudad.
El gobierno bipartito de la Xunta (PSOE y BNG) aprobó en 2008 definitivamente el 99% del planeamiento y en 2009, con el popular Alberto Núñez Feijóo ya al frente del gobierno autonómico, se dio luz verde al 1% restante.
El Supremo sostiene ahora que no existía “la pretextada premura” alegada por la Xunta para evitar retrasos toda vez que el gobierno autonómico "recibió en julio de 2006 el plan urbanístico aprobado provisionalmente" por el Ayuntamiento vigués, con lo que dejó transcurrir dos años hasta declarar inviable el sometimiento al trámite de la evaluación ambiental.
La anulación del PGOM devuelve a la ciudad de Vigo a la situación urbanística de 1993 con miles de viviendas con licencias anuladas y condenadas al derribo que el gobierno local había conseguido regularizar con el nuevo planeamiento.
El PP no ha tardado en reaccionar. La portavoz municipal de este grupo, Elena Muñoz, ha responsabilizado directamente a Caballero de “sumir a Vigo en el mayor caos urbanístico de su historia” y de "poner en riesgo” el desarrollo económico de la ciudad. El acalde ha respondido asegurando que "la propia sentencia deja claro que la solicitud del planeamiento fue firmada en 2006" y advierte al PP que "debe exigir responsabilidades a quien lo firmó, la alcaldesa Corina Porro", del PP. Asegura además que es el Ayuntamiento presidido por Porro quien pide que se apruebe el documento sin la evaluación ambiental, a lo que "la Xunta dice que no" hasta que Porro pide la declaración de invalibilidad del trámite y la Xunta accede, en 2008, con condiciones.
La exconselleira de Política Territorial y Obras Publicas de la Xunta de Galicia que en 2008 autorizó el PGOM, la socialista María José Caride, es actualmente la concejala de Urbanismo del gobierno municipal de Caballero y, por tanto, responsable de proceder ahora a su anulación.
El gobierno autonómico ya la ha señalado. Mientras Caballero responsabilizaba a Porro, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exigía responsabilidades a la concejala socialista.“Quien tramitó el plan en aquel momento tendrá que explicar, y más si tiene ahora mismo responsabilidades, por qué se tomó esa decisión que ahora se anula. "Si hubiera responsabilidades también habrá que dirimirlas", advirtió tras expresar la disposición del Ejecutivo gallego para analizar “entre todos” qué se puede hacer “para solucionar la parte que se pueda solucionar” de la situación urbanística.
