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TRIBUNA

Perplejidad y frustración

Ante la situación de bloqueo no queda otra salida que convocar nuevas elecciones con una propuesta de mínimos: celebrar un reféndum legal

Estoy decepcionada, triste, frustrada y cabreada” decía una compañera de trabajo sobre la situación actual del procés. Esta sensación la tengo yo, y otras muchas personas, desde que los nacionalsoberanistas —tanto políticos como ciudadanía—, empezaron esa huida colectiva hacia la frustración hace ya tres años. Lo llaman desconexión y significa llevar al país a un encharcamiento político y social, del que es muy difícil salir impoluto.

Por un lado tenemos un Gobierno en funciones que sigue tomando decisiones importantes, como la de licitar el servicio de terapias respiratorias a domicilio, para toda Cataluña, por un valor de 450 millones de euros y 10 años de duración. Por otro, los casos de corrupción de miembros de CDC que aumentan en cantidad y calidad mafiosa, haciendo de este país una suerte de meca del latrocinio.

Mientras tanto, este Gobierno, en funciones, continúa con su pose victimista. El último acto lo ha representado en relación al control del dinero prestado por el Gobierno central al catalán. El seguimiento, control y posibles sanciones por incumplimiento del uso de estos fondos están regulados por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada con los votos de CiU.

El cinismo del Gobierno de Mas no tiene límites al quejarse de una ley que los suyos promocionaron, conjuntamente con todos los representantes de la rancia derecha del Congreso (PP, UPD, UPN y CiU) con la finalidad de pagar primero la deuda y si quedaba algo, destinarlo a políticas sociales. Hay que destacar la actitud chulesca de Montoro y el PP que aporta un plus al drama representado por el Govern.

Lo cierto es que la Generalitat tiene una deuda de 72.758 millones de euros, de los cuales 26.615 millones se generaron con el Gobierno de izquierdas a lo largo de siete años y 30.418 con los (des)gobiernos de Mas en solo cuatro años y medio. Es decir, la deuda del Gobierno tripartito se incrementó en 317 millones de euros mensuales y durante el último Gobierno de CiU en 724 millones de euros y sin hacer nada. Peor es imposible.

Desde hace más de dos meses, la lista ganadora de Junts pel Sí negocia con los anticapitalistas de la CUP para formar un gobierno de desconexión en 18 meses. Este proceso de negociación ha alcanzado unas cotas de ridículo espectacular: con tal de mantener la presidencia, Artur Mas es capaz de hacer cualquier propuesta. La semana pasada, supongo que adelantándose al consumista Black Friday, lanzó una oferta de tres por uno, siendo Mas el uno y tres los paladines dispuestos a seguir la aventura. La CUP decide, en asamblea (cerrada a los periodistas), no apoyar a Mas. Es que no puede ser de otra manera, es imposible que la CUP apoye a ningún miembro de JxS porque en mayor o menor medida todos han participado en los presupuestos más salvajes en contra de los trabajadores y del Estado del Bienestar en los dos últimos años. Como muestra un botón: en este mismo periódico el responsable de ERC, Oriol Junqueras, afirmaba: “En temas sociales estamos cerca de la CUP y en lo económico, de CDC”. Unos y otros están sobrepasados.

Ante esta situación parte de la ciudadanía está perpleja, callada, a la espera de algo que se sabe imposible y adopta una postura de resignación inútil y tóxica. Cada día que pasa la tensión social sube, la frustración avanza y el cachondeo nacional e internacional hacia Cataluña retumba en todas las esquinas. Hay que poner fin a esta fabulación utópica, a esa creación de una historia colectiva basada en la ilusión y la fantasía, lejos de la realidad cotidiana.

Hay que decir basta y volver a la realidad. Veamos: ha quedado demostrado que con los votos obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas no es posible la ruta propuesta por los nacionalsoberanistas. Por otra parte, la CUP y JxS son incompatibles ideológica y socialmente. Así pues, no puede haber un acuerdo, estable, que pueda durar más de dos días. Ante esta situación no queda otra salida que no sea la convocatoria de nuevas elecciones en marzo, con una propuesta de mínimos en la cuestión nacional: la celebración de un referéndum legal y vinculante para decidir la relación de Cataluña con España. Esta propuesta tiene el apoyo de un 78,8% de los catalanes en una encuesta publicada este fin de semana. Y yo añado un deseo: que las izquierdas ganen las elecciones del 20-D.

Joan Boada Masoliver es profesor de historia