Remunicipalizaciones: deseables pero dificultosas

La política de externalización y privatización de los servicios públicos ha constituido la seña de identidad de los gobiernos conservadores (PP y CiU) en los municipios. Todo su argumentario para justificar esa política se ha demostrado falso: cuesta más y resulta más ineficiente. Ha sido además caldo de cultivo para numerosos episodios de corrupción.

Las coaliciones electorales progresistas que han llegado en marzo al gobierno municipal de importantes ciudades se plantean ahora remunicipalizar algunos de los servicios del Ayuntamiento, pero se encuentran en la disyuntiva de pagar indemnizaciones multimillonarias (según el art. 288 de la Ley de Contratos del Sector Público) o esperar a que caduquen las concesiones contratadas; además, la reversión plantea serios problemas en relación con la estabilidad de las plantillas de trabajadores.

"En democracia es más aconsejable cambiar la legalidad que ignorarla, como algunos sectores sindicales parecen demandar"

Aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogación de los contratos laborales cuando existe sucesión de empresas, en el caso del empleo público el EBEP (Estatuto Básico del Empleo Público) impone -para acceder a aquel- que los candidatos demuestren “mérito y capacidad” en un procedimiento formal de acreditación, por lo que solo cabría para el personal de las contratas su incorporación a un servicio municipal como trabajadores con contrato “indefinido, no fijo” (después correrían el albur de superar o no el correspondiente concurso-oposición). Para completar el cerco, el art. 301 de la Ley de Contratos del Sector Público impide incorporar a los empleados de las empresas contratistas, tras finalizar sus contratos con las administraciones correspondientes, y además la Ley de racionalización del sector público del 2014 impone la congelación de plantillas.

La hipotética creación de una nueva empresa mercantil de capital íntegramente municipal para sortear el problema laboral antes aludido y poder absorber las plantillas por subrogación -de acuerdo al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores- chocaría con las disposiciones legales que exigen a las administraciones públicas la acreditación previa de viabilidad, plan de negocio mediante, para constituir tales empresas. Obviamente, los servicios municipales no pueden arrojar la “rentabilidad” exigida en términos estrictamente mercantiles.

"Si se implementan soluciones en fraude de ley será un espejismo"

Hay ciertamente circunstancias diferentes en los municipios españoles que afrontan estos problemas y cada caso requiere una atención particular. En las actuales circunstancias legales no hay una solución satisfactoria, en cuanto al personal que venía trabajando en las empresas concesionarias de servicios de los ayuntamientos, para acometer la remunicipalización de los mismos. Tendrían que hacerse modificaciones que permitan resolverlo (en el Estatuto Básico del Empleado Público o en la ley que regula la creación de empresas públicas), y, mientras, acordar las mejores condiciones laborales posibles para ellos que la ley permita.

En democracia es más aconsejable cambiar la legalidad que ignorarla (como algunos sectores sindicales parecen demandar) porque se corre el riesgo de que los trabajadores que proceden de las contratas acaben en un callejón sin salida. Si se implementan soluciones en fraude de ley será un espejismo, pues -una vez sean resueltos los recursos que serán presentados con toda seguridad por las partes afectadas disconformes- los trabajadores podrían ver extinguidos sus contratos de trabajo y engrosar el desempleo, consiguiéndose exactamente lo contrario de lo pretendido inicialmente.

A la espera de esos cambios legales, es importante concitar la reflexión y las propuestas de todas las partes interesadas en buscar soluciones viables al desolador panorama en el que han quedado servicios como el de la limpieza de nuestras calles en la ciudad de Madrid. Un avance tangible podría ser la renegociación de las contratas que comportase ampliación de plantillas, mejorar sus condiciones de trabajo y adecentar los espacios urbanos, una opción intermedia mientras se logra la plena reversión de los servicios a la esfera de lo público. De esta manera, se evitaría cerrar en falso una remunicipalización no lograda.

Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM