Un vecino de Camprodón escondía un arsenal de armamento en casa

La Guardia Civil se ha incautado de más de 200 armas de diferente calibre en el domicilio de un vecino de Camprodón (Ripollès). El arsenal incluye, entre otros, una pistola Luger que las SS utilizaban en la II Guerra Mundial, unos 300 kilos de trilita en el interior de 50 proyectiles de artillería de gran calibre, un centenar de granadas de mano y más de 12.000 cartuchos metálicos. Los agentes han detenido a dos vecinos de la localidad por los hechos. También han destruido el armamento "de gran capacidad mortífera” y al que han tildado de peligroso por "antiguo y mal almacenado" e investigará la procedencia de las armas con los números de serie borrados por si hubieran participado en algún hecho delictivo.

El pasado agosto la Guardia Civil de Girona fue alertada de que Alexandre Cuadrado, de 71 años, y copropietario del conocido como Museu de la Retirada, en realidad una exposición en su garaje, podía acumular en el interior de su vivienda gran cantidad de armamento. Los agentes iniciaron una investigación que culminó el pasado lunes con la operación “Óxido”, que comportó cuatro registros el decomiso de infinidad de material y la detención de Cuadrado, junto a su amigo y socio, Lluis Bassaganya, de 41 años. Se les acusa de los delitos de depósito de armas de guerra, munición y de sustancias explosivas, por los que se podrían enfrentar hasta a ocho años de cárcel.

Se trata, según el subdelegado del Gobierno en Girona, José Manuel Sánchez-Bustamante, de “la mayor incautación de armamento y explosivos hecha en la demarcación”. En el registro del museo, que hacía unos ocho años que estaba abierto, se localizaron un subfusil Labora (fabricado en Olot en 1938), un arma de avancarga y varias granadas de mano vacías, pero que podían haber sido rellenadas. El resto era armamento legal. Y en el registro de la vivienda de Bassaganya se hallaron y decomisaron 28 pistolas.

La gran parte del arsenal se halló, según ha explicado el teniente Agustín Gómez, diseminado por el sótano y el piso de Cuadrado. Los proyectiles de artillería se encontraban en cajas, debajo de un torno, o incluso debajo de un armario. Aparecieron varias cajas con decenas de granadas. En su habitación también guardaba armamento. Gómez considera que Cuadrado “era consciente de que no podía tener las armas como las tenía en su casa, de lo que no era consciente de la peligrosidad de la tenencia de explosivos y de lo que podía representar para terceros”. Para el teniente coronel jefe de la comandancia de Girona, Jorge Cumba, “el riesgo fundamental era el de detonación de los explosivos, que se encontraban a menos de cuatro metros de otras casas y de la vía pública, en un edificio situado en el núcleo urbano”.

Cuadrado, gran amante de las armas, las ha ido recogiendo durante 20 años. Además, se había fabricado él mismo un fusil ametrallador. Incluso probaba algunas de ellas, como muestran los disparos contra la pared del sótano. La ley no permite que ningún particular pueda tener armas de guerra y solo se pueden almacenar si previamente han sido inutilizadas y se dispone de una licencia de coleccionista, de la que carecía el detenido. Cuadrado disponía de una licencia de caza, pero se le incautaron cinco escopetas y un rifle legales.  "Lo más factible es que se le revoque la licencia" dado la tipología de delitos de los que se le acusa, según Cumba.

Los explosivos localizados en la casa fueron trasladados por artificieros del GEDEX hasta la base militar general Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), donde parte fueron neutralizados y el resto explosionados el pasado martes. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ripoll, que lleva el caso, determinará qué hacer con el resto de armamento, si su destrucción, subasta o incluso que su dueño pueda vender las legalizadas. Como ha avanzado Gómez, harán “una investigación retrospectiva de cada una de las que tengan el número de serie borrado para averiguar su procedencia, por si pueden haber participado en algún hecho delictivo”. Cuadrado ha explicado que la mayoría las había recibido de familiares de difuntos o se las había encontrado en las montañas del Ripollès, donde habrían sido abandonadas por los republicanos durante el éxodo hacia Francia en 1939, pero la policía sospecha que algunas fueron adquiridas en el mercado ilegal.

Desde el Ayuntamiento han emitido un comunicado a favor de los dos vecinos de la población en el que destacan que “nunca ha habido ningún problema” y que era “un atractivo turístico más de la población”. Aseguran que nadie ha pensado nunca que “esta inocente e inocua actividad pudiera ser considerada constitutiva de ningún tipo de ilícito penal” y añade que se trata de una “inadecuada interpretación de las actuaciones de los acusados que como mucho serían víctimas de un procedimiento burocrático complejo, pero nunca responsables de un delito”.