La empresa de Castor pone en duda el informe del Instituto Geológico

El consejero delegado de Escal UGS, empresa concesionaria del proyecto Castor, José Luis Martínez Dalmau, ha criticado hoy ante el juez el informe elaborado en diciembre de 2013, justo después de los terremotos, por el Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Este informe, igual que el elaborado por el Instituto Geográfico, relacionaba directamente los terremotos con las inyecciones de gas de la planta Castor. Para Martínez Dalmau, el estudio está "plagado de errores e inexactitudes", y la metodología de empleada por los técnicos no tiene base científica, por lo que las conclusiones son erróneas. El consejero delegado ha declarado hoy como imputado ante el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Castor, un almacén de gas situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

Según el abogado de la Asociación Arca Ibérica, que actúa como acusación particular, Jorge Casal, Dalmau ha negado ante el juez cualquier relación entre los terremotos y las actividades de la planta, tal y como declaró el lunes el presidente del consejo de administración de la firma, Recaredo del Potro. En su defensa, Dalmau ha recordado que su empresa encargó a otras entidades, como el Centro de Investigaciones Geológicas de Postdam, el análisis de los datos de la serie sísmica, que pusieron en evidencia el error de cálculo del informe del IGME.

En cuanto a la reducción en el caudal de gas inyectado que la empresa determinó en septiembre de 2013, Dalmau ha asegurado que fue una decisión tomada “de antemano”, sin ninguna relación con los terremotos, ni con la sugerencia del Observatorio del Ebro, que aconsejó sobre la conveniencia de paralizar la actividad o reducir el caudal.

Las declaraciones sobre el caso Castor seguirán en Vinaròs el próximo jueves 26, con nuevos miembros del Consejo de Administración de la empresa.

El proyecto Castor se aprobó en 2008 como un almacén de gas estratégico, que cubriría el suministro en puntas de consumo. Todo ello aprovechando una planta ya construida frente a las costas de Vinaròs (Castellón). En el verano de 2013 la empresa concesionaria comenzó a inyectar el denominado gas colchón, como paso previo al almacenaje. En septiembre comenzaron los terremotos en la zona. Se registraron hasta 500 movimientos sísmicos, el más intenso con una intensidad de 4,2. El Gobierno ordenó el cierre de la instalación y la empresa concesionaria fue indemnizada 1.350 millones.