Carmena quiere quitar las multas por botellón a quien tenga aficiones sanas

El Ayuntamiento de Madrid quiere evitar a los jóvenes el pago de una multa de hasta 600 euros cuando la policía les pilla consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Como hay “una legislación que acatar”, el gobierno municipal estudia “compensar” el abono de la sanción “con algún tipo de trabajo para la comunidad, o incluso de un tipo de ocio alternativo”, según el concejal Javier Barbero. En este último caso, se trataría de “demostrar que la persona gestiona su ocio de otra manera que no sea bebiendo, que se ha gastado el dinero en actividades culturales, deportivas, etcétera”, explican fuentes municipales.

Una encuesta sobre alcohol publicada por el Ministerio de Sanidad en marzo indicaba que el botellón (“reunión al aire libre de jóvenes, ruidosa y generalmente nocturna, en la que se consumen en abundancia bebidas alcohólicas”, según la Real Academia) se concentra entre chavales de 15 a 24 años. En 2014, otra encuesta de Sanidad apuntaba que más de la mitad de estudiantes de 14 a 18 años había participado en un botellón en el último mes. El alcohol lo compran la mayoría de las veces en supermercados y lo consumen en parques, vías y plazas.

La Ley regional de Drogodependencias prohíbe desde 2002 “el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas o días de fiestas patronales”. En 2012, la Comunidad (PP) endureció el régimen sancionador: dobló la multa para los mayores de edad (de 300 a 600 euros); fijó en 500 euros el castigo para los menores; y eliminó la posibilidad de eludir el pago a cambio de trabajos sociales (unas 120 horas). Esta última medida fue impulsada por la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP), que además redactó en 2011 una ordenanza del ruido que contempla sanciones de hasta 600 euros por el alboroto derivado del botellón. Por si fuera poco, la Ley estatal de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno (PP) en abril sanciona “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”, con multas de 100 a 600 euros.

“El régimen sancionador se cambió porque no surtía efecto; si el Ayuntamiento puede aportar nuevos argumentos estamos dispuestos a escuchar; en caso contrario, no tendría mucho sentido volver al sistema anterior”, asegura Ángel Garrido, consejero regional. de Presidencia y Justicia.

La competencia para sancionar corresponde al Ayuntamiento. Y en Madrid se multa: entre enero y octubre, la Policía Municipal impuso 29.756 denuncias, de las que 101 fueron a menores. En 2014, fueron 42.266 denuncias. El problema es que resulta muy complicado cobrar esas multas.

Hasta 600 euros de multa

En primer lugar, porque cuando los jóvenes reciben la denuncia, tienen 10 días para admitir su responsabilidad y pagar, en cuyo caso se benefician de una rebaja del 40% en la sanción. Pero lo habitual es que no se lo comuniquen a sus padres hasta tiempo después; así, cuando la notificación llega por escrito al domicilio, ese plazo ya ha expirado y, enfrentados al pago de 600 euros, la mayoría opta por recurrir.

La vía ejecutiva retrasa el pago hasta cuatro años. Y nada asegura que se produzca, puesto que el joven, si es mayor de edad, se puede declarar insolvente.

El concejal de Salud y Seguridad, Javier Barbero (Ahora Madrid), que antes ejercía como psicólogo clínico en el Hospital Universitario La Paz, admite que el botellón “puede generar distintas dificultades, tanto de salud pública como de convivencia”. Barbero cree que la legislación es “un tanto inconsistente”, porque “permite que se beba en el mismo parque en una terraza a 20 metros, y no se permite beber lo mismo en el parque de al lado y además se multa”. “Tenemos una legislación que acatar, pero estamos viendo cómo poder sugerir transformaciones importantes”, añade a preguntas de una ciudadana en la página de debates públicos del Ayuntamiento de Madrid. “Entre otros” cambios, el edil sugiere que “la sanción no sea económica sino de algún tipo de trabajo para la comunidad o incluso de un tipo de ocio alternativo”. “No es fácil, las dificultades legales son importantes, pero estamos estudiándolo”, concluye Barbero.

Fuentes municipales han afirmado a EL PAÍS: “Se ha comprobado que las multas no cumplen con el objetivo de reducir el riesgo de beber en las calles”. Así que el gobierno municipal ha solicitado un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento “para ver si se puede aplicar un plan sancionador alternativo, que tenga medidas de compensación en vez de multas económicas”. No se trata, explican, de “suspender” la multa, sino de “compensarla” con esas otras medidas. Entre ellas, mencionan los trabajos comunitarios, como dictaba la ley antes del cambio de 2012, o “entrar en programas de prevención de riesgos”, bajo tutela de los servicios sociales municipales. Para explicar la alusión al “ocio alternativo” realizada por el concejal, dichas fuentes razonan: “Otra opción es demostrar que la persona gestiona su ocio de otra manera que no sea bebiendo, que se ha gastado el dinero en actividades culturales, en deportivas, etcétera”.