“Yo fleté ese envío de coca”

Los 3.400 kilos de cocaína apresados en el barco pirata Riptide en junio de 2013 ya tienen dueño. Los rumores de que el principal acusado, Marcos Vigo, había negociado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Antidroga meses atrás dieron un vuelco al juicio que comenzó el pasado lunes en la Sección Quinta de Vigo. La confesión del jefe de la organización gallega que hizo la operación arrastró a otros 11 implicados de los 18 presuntos narcos —la mayoría en prisión— que se sientan en el banquillo por participar en la recepción de este envío en alta mar. "Yo fleté ese envío de coca por encargo de un cártel colombiano", ha afirmado Vigo en el juicio este viernes.

Marcos Vigo Fernández, de 40 años, con un largo historial policial pero sin antecedentes judiciales en el tráfico de drogas, se jugaba una condena de 15 años, mientras sus dos principales socios reincidentes, Manuel Carballa y José Luis Viñas Morgade, se enfrentan a más de 21 años de cárcel y siguen negándolo todo.

Vinculado al clan de Los Charlines hasta que se divorció de una nieta de Manuel Charlín, Marcos Vigo estuvo implicado en la desaparición del arousano Fernando Caldas, un caso claro de ajuste de cuentas para la policía, y más tarde se le detuvo en relación con una partida de un kilo de heroína, asunto del que logró zafarse. En septiembre pasado, la Audiencia de Pontevedra lo absolvió en un juicio de blanqueo porque no se pudo acreditar que el taller que tenía en Touro (A Coruña) fuera una tapadera para preparar coches con doble fondo para el transporte de droga.

El juicio ha girado en torno a la confesión de Vigo, que le permitirá reducir la pena a nueve años. El relato del acusado, que ha sido calificado por el fiscal del caso, Luis Uriarte, como “contundente”,  ha permitido conocer detalles nuevos y sorprendentes de los preparativos y desenlace frustrado de la operación. Vigo, que no mostró reparos en delatar a todo su equipo de colaboradores, llegó a decir, en tono incluso desafiante con los abogados de otros acusados, que “era brutalmente sincero” y que si seguían interrogándole “podría resultar perjudicial para sus defendidos”. “El responsable de la mercancía soy yo y no he recibido presiones para delatar a nadie”, dijo el arrepentido ante el tribunal. “Un colombiano me encargó que localizara un barco para hacer un transporte de droga a España pero yo no tenía ninguno y busqué en Galicia”.

Durante su interrogatorio detalló el cometido de cada uno y explicó que la operación fracasó por fallos técnicos en los dos barcos que intervinieron para recoger el cargamento. Y todo ello a pesar de los buenos augurios que una vidente le transmitía a uno de acusados, José Manuel Rodríguez Comesella, de Gondomar, encargado de proveer el barco Pixapo que iba a recoger el alijo. Este llamaba diariamente a una línea de tarot venezolana donde una y otra vez le aseguraban que la operación iba a ser un éxito.

Marcos Vigo afirmó que lo habían engañado y que intentó abortar la operación pero ya era tarde. “Los preparativos del desembarco iban a durar 15 días pero me engañaron porque no tenían barco”, en alusiones a la gente contratada por Carballa y Viñas Morgade. “Me daban falsas esperanzas y me ponían excusas cuando en realidad no tenían un barco de 30 metros sino un velero averiado, por eso llamé a Venezuela para parar la operación”. Sin embargo, el cargamento ya estaba de camino a Galicia.

Tanto el capitán coreano como los cuatro marineros del Riptide de nacionalidad indonesia y José Gregorio Fernández, el enlace del cartel sudamericano que fue detenido en el aeropuerto de Vigo cuando intentaba huir de los agentes del Greco de la policía en día de la redada, admitieron también su participación. “Sabíamos que eran fardos de cocaína lo que traíamos pero los marineros recibían mis órdenes”, admitió el capitán, tratando de asumir toda la responsabilidad del transporte. En el registro del barco se hallaron 90.000 euros en efectivo, que era el dinero que la tripulación había recibido antes de zarpar de Venezuela como pago por hacer el transporte del alijo, valorado en casi 300 millones de euros.

Después del interrogatorio de los agentes que intervinieron en la investigación, el juicio llegará a su recta final la próxima semana con el escrito de conclusiones del fiscal que contempla una reducción considerable en el conjunto de las penas que en principio de elevaban a 308 años de prisión y multas que superan los 19.000 millones de euros. Luego será el turno de las defensas que han intentado desacreditar el testimonio de Marcos Vigo y han dejado claro que su acuerdo de conformidad con el fiscal entrañaba un “pacto secreto” para delatar al resto.