CSIF entrega a los funcionarios un protocolo ante órdenes soberanistas

El sindicato blinda a sus afiliados con un seguro en caso de suspensión de sueldo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este jueves en Barcelona un protocolo de actuación al que pueden acogerse los empleados públicos ante órdenes "de dudosa legalidad en el proceso soberanista". El presidente del sindicato a nivel estatal, Miguel Borra, se ha trasladado a la capital catalana para denunciar que existe "preocupación" entre los trabajadores que dependen de la Generalitat y Administraciones locales por las consecuencias que pueden sufrir si ejecutan mandatos que van en contra del ordenamiento jurídico vigente.

CSIF, que cuenta con 7.000 afiliados en Cataluña, ha decidido cubrir con fondos propios a la totalidad de sus miembros con un seguro contratado a la empresa Arag que les abonaría el salario en caso de que alguna Administración les suspenda de empleo y sueldo. Borra ha afirmado que su organización teme dos escenarios: que el Estado actúe contra los empleados que sigan órdenes de la Generalitat que puedan ser ilegales o que esta cargue contra los trabajadores que se nieguen a obedecerlas. Los funcionarios que no pertenezcan al sindicato también podrán adherirse al seguro, aunque no detalló el precio de este servicio.

El protocolo consiste en pedir a la Administración con "la mayor celeridad posible" la entrega por escrito de la orden "para tener constancia suficiente y advertirle de sus dudas". Algo que permitirá al empleado "salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento". Si su superior insiste en que el requerimiento se ejecute, se ha de "dejarle constancia de su parecer sobre la ilegalidad de la orden" y denunciarlo ante la Fiscalía y los servicios de inspección. El sindicato también recomienda que se le informe de la situación para hacer hacer las mismas denuncias pero a nombre de CSIF. Para esto ha puesto a disposición de los empleados públicos siete modelos de escritos que deben dirigir a cada uno de los órganos competentes.

"Los funcionarios están obligados a no obedecer las órdenes que sean de manifiesta ilegalidad. Por ejemplo, llevar a cabo la resolución tomada por el Parlament el 9 de noviembre es claramente ilegal, porque ha sido prohibida por el Tribunal Constitucional. Pero creemos que no va a ser tan fácil y que las órdenes no van a ser tan explícitas, sino que se van a formular de manera que generen dudas. Y en ese caso, serían órdenes de supuesta ilegalidad y esas hay que obedecerlas mientras dure el debate jurídico", ha explicado el presidente del sindicato.

CSIF es el sindicato con más representación en las Administraciones públicas españolas. En Cataluña, sin embargo, la organización no tiene mucha presencia excepto en los sectores de Justicia, Prisiones, Universidades y, desde este año, en la Mesa de Personal Administrativo y Técnico de la Generalitat. CSIF organizó hace dos semanas una manifestación para hacer visible esta "preocupación", de la que los sindicatos mayoritarios —UGT, CC OO y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC)— se desmarcaron, ya que dijeron estar seguros de que "ningún miembro del Gobierno catalán pedirá algo ilegal a los funcionarios".

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