Tres años de cárcel a los pescadores acusados de tráfico de hachís

El juicio previsto esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante por un delito contra la salud pública en el que estaban acusados un grupo de pescadores de Castellón se ha resuelto con la aceptación de penas de prisión de más de tres años y multas de más de tres millones de euros para cada acusado. La vista no ha llegado a celebrarse porque acusación y defensas han acordado una conformidad.

Los procesados se han declarado autores de los respectivos delitos contra la salud pública después de que sus defensas alcanzasen un acuerdo con la Fiscalía y esta parte rebajase sus solicitudes provisionales de condena. Dos de los cabecillas del grupo siguen huidos, mientras que el tercero, ciudadano polaco como los anteriores, ha aceptado una pena de 3 años y 9 meses de prisión.

El patrón del pesquero y otro de los implicados en la organización de la operación delictiva se han conformado con sendas penas de 3 años, 7 meses y 15 días de cárcel, y los otros siete procesados, todos ellos marineros, con 3 años y 3 meses. Los diez acusados deberán pagar otras tantas multas por valor de 3,5 millones de euros, equivalente al valor de la droga incautada, y de no hacerlo se enfrentarían a otros 4 meses de arresto, pena que, de conformidad con las acusaciones, cumplirían con trabajos en beneficio de la comunidad.

La investigación contra esta red de narcotráfico se inició a finales de 2008 por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de las Islas Baleares de la Guardia Civil, fue dirigida por un juez de Dénia y se centró en un primer momento en un sospechoso de nacionalidad polaca.

Según la fiscalía, este individuo alquiló una embarcación recreativa con la que se desplazó a Marruecos para importar hachís que obtenía a través de un contacto magrebí que residía en Salou. El 23 de noviembre de 2009, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) observaron como el barco alquilado, el Telma I, trasvasaba en alta mar la droga a un pesquero español que navegaba alejado de las rutas habituales de pesca.

Este último barco, el Bergantín, arribó unas horas más tarde al puerto del Grao de Castellón, donde su patrón y sus tripulantes fueron detenidos por un delito contra la salud pública. Las fuerzas de seguridad hallaron a bordo del pesquero 90 fardos que contenían más de 2,5 toneladas de cannabis, una sustancia que en el mercado negro habría alcanzado un precio superior a los 3,5 millones de euros, según la acusación pública.