La Agencia Anticorrupción arrancará con 12 personas en 2016 y sancionará

Con 12 personas, adscrita a las Cortes y con un presupuesto inicial de 400.000 euros. El líder valenciano de Podemos, Antonio Montiel, y la diputada de su partido Fabiola Meco han presentado este lunes su proyecto de ley para la creación de la Agencia Anticorrupción, "uno de los ejes del pacto del Botánico", el acuerdo político entre las fuerzas de izquierda con que arrancó la legislatura en la Comunidad Valenciana. Los parlamentarios esperan que pueda empezar a funcionar en la segunda mitad de 2016.

Las misiones del organismo serán prevenir la corrupción, investigarla y hasta cierto grado, sancionarla. Aunque si en un asunto se detectan indicios de delito "será puesto en manos de la fiscalía". Su director será elegido por el Parlamento autonómico por mayoría de tres quintos en primera votación. Pero bastará la mayoría absoluta -la mitad más uno de los 99 diputados- en segunda votación. La fórmula permitiría a un Gobierno con mayoría absoluta nombrar al director sin acuerdo con la oposición. Montiel lo ha justificado afirmando que no cree que vuelva a haber mayoría absolutas en las Cortes. Y asegurando que, de todas formas, en un escenario de ese tipo también se necesitaría a la fuerza con mayoría absoluta para alcanzar los tres quintos.

La alternativa, ha añadido, equivaldría a dejar la puerta abierta a que la agencia quedara bloqueada por la obstaculización de la elección de su director. El sistema elegido permitiría, por otra parte, que los tres partidos de izquierda en las Cortes pudieran elegir al jefe de la oficina sin necesidad de contar con el apoyo de PP y Ciudadanos.

Lo presentado por Podemos es en realidad una "proposición de ley de creación de la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad Valenciana". Un "punto de partida" que deberá ser pactado, al menos, con los socialistas y Compromís, los otros dos socios del acuerdo del Botánico. Según Meco y Montiel, el borrador está abierto a todas las aportaciones, incluidas las que puedan hacer organizaciones de la "sociedad civil". Podemos incluirá las que considere adecuadas como "autoenmiendas" durante el trámite parlamentario.

El director de la agencia lo será por un periodo de cinco años, prorrogables durante un máximo de cinco años más. Y su estructura será "austera". Sus miembros serán funcionarios, bien de la Generalitat o bien del resto de Administraciones valencianas, como las universidades. "Expertos" en ámbitos como el urbanismo, la financiación de partidos políticos y la contratación pública. Se ubicará en principio en uno de los edificios "en desuso" de la Generalitat. Su plantilla inicial será de 12 personas y su presupuesto, dadas las limitaciones económicas de la Generalitat, ha afirmado Montiel, de 400.000 euros. "A medio plazo creo que la agencia demandará más personal", ha añadido.

Discrepancias

El diseño de la agencia presentado por Podemos augura ciertos problemas con el resto de grupos parlamentarios, incluidos los otros dos que soportan al Consell. Entre ellos, el hecho de que la agencia dependa de las Cortes, ya que desde la nueva Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación no se ha ocultado el deseo de que la agencia quedara bajo su responsabilidad.

Montiel y Meco han considerado la propuesta "imposible". "En el acuerdo del Botánico dice que será una oficina independiente. No puede estar en ninguna consejería", han afirmado.

Sanciones

La agencia podrá sancionar infracciones, que divide en leves, graves y muy graves, y están relacionadas sobre todo con la falta de colaboración con las investigaciones que emprenda la oficina. Los castigos irán desde la amonestación o una multa de 600 euros a la suspensión para desempeñar el cargo (o puestos similares) durante tres años o una sanción de 15.000 euros.

El proyecto prevé también un castigo para el "corruptor", aunque en este caso deberá haber una sentencia firme que permita, por ejemplo, el veto a que una persona pueda ser adjudicatario de contratos públicos entre uno y tres años, así como recibir subvenciones, y ayudas públicas.

Colaboración

Meco ha asegurado que la agencia "no pisará el callo de otras instituciones". Las investigaciones podrán iniciarse de oficio, a instancias de una Administración o por parte de ciudadanos. Si se aprecian indicios delictivos, el asunto será llevado a la Fiscalía "con la información recopilada y ordenada". Según los dirigentes de Podemos, el ministerio público vio "con muy buenos ojos" la iniciativa. "Lo consideraron imprescindible porque no dan abasto. Y a veces cuando llegan es tarde y el asunto ha prescrito".

El ámbito de actuación de la agencia será la Generalitat, pero también el sector público autonómico, incluidas las universidades, así como los Ayuntamientos y sus organismos. La agencia protegerá el "anonimato" de los denunciantes, para evitar según sus promotores que sufran represalias en el seno de la Administración o de las empresas. El director comparecerá ante las Cortes semestralmente, o "en cualquier momento" cuando "la gravedad o urgencia de los hechos así lo aconsejen". Elaborará, además, una memoria anual.