CDC sobre el ‘caso Palau’: “Nadie ha visto al tesorero recibiendo sobres”

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha negado ante el juez haber recibido 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del Palau de la Música. En el escrito de defensa del caso Palau, al que ha tenido acceso a EL PAÍS, el partido nacionalista considera que las acusaciones no pasan de una “mera sospecha” y subraya que “no existe el más mínimo indicio” para concluir que recibió 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

La Fiscalía y el juez consideran que Ferrovial pagó la mayor parte de ese dinero (3,7 millones) en efectivo a los dos extesoreros del partido: Carles Torrent y Daniel Osácar. “¿Quién les vio recibiendo ese dinero?”, se pregunta irónicamente el abogado de CDC, Xavier Melero. Como Torrent falleció en 2005, el único acusado es Osácar, que afronta una petición de siete años de cárcel. “Nadie le ha visto recibiendo ningún sobre”, se responde el abogado en su escrito. Una de las pruebas contra Osácar es que, en las anotaciones de la agenda de la exadministradora del Palau, Gemma Montull (también acusada) aparece el nombre de “Daniel”. Todos los acusados, recuerda el escrito, han negado que ese “Daniel” sea el extesorero de CDC.

Convergència irá a juicio como partícipe a título lucrativo ya que, presuntamente, se lucró con fondos obtenidos de forma ilíctia. El partido de Artur Mas, sin embargo, niega la mayor: “CDC no ha recibido comisiones ilícitas de Ferrovial, ni por 6,6 millones ni por ningún otro importe”. Ni en el partido ni en su fundación afín (CatDem) “se ha detectado ningún incremento patrimonial no justificado”. Tampoco, que CDC “tuviera unos gastos superiores a sus posibilidades y recursos susceptibles de ser sufragados en dinero negro”.

En el escrito presentado ante el juez, Convergència aprovecha para remarcar perfil político –ha participado “en la gobernabilidad del Estado con transparencia y lealtad”- y defiende que todas sus fuentes de financiación se han adaptado “a la legalidad vigente”.

Sardanas y habaneras

Además de los 3,7 millones en efectivo, la investigación considera que otros 630.000 euros fueron a parar a las arcas del partido mediante falsos convenios de colaboración firmados entre el Palau y la Fundación Trias Fargas (rebautizada como CatDem tras el escándalo). El escrito defiende que esos convenios fueron “escrupulosamente ejecutados” y cita todas las actividades (“actuaciones sardanísticas, de canto coral, habaneras”) que se hicieron entre 1999 y 2008. El partido, no obstante, ha optado por devolver el dinero tras comprobar que el expresidente del Palau, Fèlix Millet, había suscrito los convenios “sin la preceptiva autorización” de los órganos de Gobierno del Orfeó.

El resto del dinero (2,3 millones) se canalizó, presuntamente, a través de empresas de buzoneo y marketing electoral que cobraron del Palau por trabajos no realizados y que, al mismo tiempo, eran proveedores y donantes de Convergència. El partido defiende que no tiene “ninguna relación con la facturación” de esas empresas al Palau, y que las donaciones que tres empresas (Mail Rent, New Letter y Letter Graphic) hicieron al partido son “legales” y responden a un doble objetivo: la “afinidad ideológica” y el “deseo de fidelización de un cliente importante”.

La Fiscalía considera que CDC recibió los 6,6 millones de euros de Ferrovial a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas de gran envergadura (la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia) durante el último Gobierno de Jordi Pujol. El partido cree que no hay indicios para considerar esas adjudicaciones “no solo ilícitas, sino irregulares”. Y señala que “Ningún funcionario público ha sido citado a declarar” ni se ha establecido a qué personas de la Administración se influyó para que facilitase las obras a Ferrovial. Es “una elucubración sin ninguna base”, concluye.

El partido pide que el juez cite a declarar, como testigos, a todo el consejo de Administración de Gisa –la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat- que adjudicó esas dos grandes obras, así como a los consejeros de Política Territorial y Obras Públicas entre 1999 y 2004. Pere Macias, actual diputado en el Congreso, ocupó este cargo hasta el 2001, cuando le relevó Felip Puig, que ahora es consejero de Empresa en funciones.