El juez investiga si el consejero Gordó pagó la defensa de un cargo del ICS

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Baix Camp), que instruye el caso de presunta corrupción sanitaria Innova, quiere averiguar si la defensa del principal imputado en la causa, el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, fue pagada con fondos públicos de la Generalitat. Las sospechas del juez se centran en media docena de correos electrónicos descubiertos entre el abogado de Prat, el consejero de Salud, Boi Ruiz, y el consejero de Justicia, Germà Gordó, en los que el letrado reclama los honorarios. Para esclarecer si hubo o no pagos con fondos de la Generalitat, el juez del caso Innova ha citado a declarar a Prat, imputado por prevaricación y malversación del caudales públicos.

El ex presidente del Instituto Catalán de la Salud será interrogado en el juzgado de Reus el próximo martes 10 de noviembre por la mañana, detalló el Diari de Tarragona y confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Prat debía declarar por los honorarios de su defensa judicial a finales del año pasado, pero la comparecencia se postergó en diversas ocasiones.

Las sospechas del juez parten de correos electrónicos hallados por la Guardia Civil cuando el gestor sanitario fue detenido y los agentes registraron su domicilio, el 27 de febrero de 2013. En las conversaciones descubiertas figuran el abogado de Prat, Xavier Melero, así como Boiz Ruiz y Germà Gordó, quien en el momento del intercambio de correos electrónicos era secretario del Gobierno catalán. Tanto la Generalitat como Melero, que ya declaró como testigo, han negado que los pagos por parte del Ejecutivo llegaran a producirse.

Sin embargo, según el sumario el 4 de septiembre de 2012 Melero envió este mensaje a Boi Ruiz: “Querido consejero: en relación al tema de Josep Prat, lamento molestarte, pero debo decirte que no tengo ninguna noticia sobre el pago de los dictámenes que encargamos para presentar a la Fiscalía de Reus y Tarragona. El coste de estos informes lo abonó nuestro despacho, el tema nos empieza a preocupar”.

 El 25 de septiembre Melero escribió otro correo a Prat: “Del tema euros, de momento, nada de nada”. Solo tres días después, el abogado de Prat insistió visiblemente molesto enviando otro correo electrónico. En esta ocasión lo tituló “Honorarios defensa Josep Prat”, y lo remitió al consejero de Salud poniendo también en copia a Prat y Gordó: “Nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Pido una solución. Nunca me hubiese imaginado que esto acabaría de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar nada después de haberme paseado por todas las fiscalías de Cataluña...".

Este texto fue reenviado al consejero de Salud por Gordó, quien añadió al mensaje: “Boi, ¿no me dijiste que estaba resuelto?”.

Al levantarse el secreto de sumario de esta correspondencia, Melero argumentó que sus reclamaciones se debían a dos dictámenes elaborados en abril de 2012 a raíz de una denuncia de la CUP de Reus ante la Audiencia Nacional sobre la presunta incompatibilidad de cargos de Prat acumulados en organismos públicos y privados del ámbito sanitario.

Tras esta denuncia, precisamente, estalló el caso Innova. Prat entonces aún era presidente del ICS. A pesar de las quejas a los consejeros convergentes, Melero sostuvo ayer que su despacho aún no ha cobrado estos dictámenes.

Después del cruce de mensajes, un informe de la Guardia Civil explicó que “esta asunción de pago de la defensa de Prat por parte de la Generalitat, como queda asumido en los correos mencionados, supuestamente con fondos públicos” podría suponer “un ilícito de malversación por parte de los ordenantes de dichos pagos [en referencia a Boi Ruiz y Germà Gordó] y de los receptores”.

Prat, que dirigió el conglomerado de empresas del Ayuntamiento de Reus Innova, es el principal acusado en el macrocaso, que comprende ya más de diez piezas separadas, la mayoría bajo secreto de sumario. Entre otros, Prat está siendo investigado por blanqueo de capitales debido al pago de facturas presuntamente irregulares durante la construcción del Hospital Sant Joan de Reus a dos ex cargos de la sanidad pública catalana; el ex director de Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Carles Manté y un ex gerente de Infraestructuras de este organismo, el arquitecto Jorge Batesteza.

Josep Prat también está acusado en el caso Innova por cobrar 5.000 euros mensuales de un empresario del sector de las ambulancias de las Tierras del Ebro a cambio, supuestamente, de mediar en concursos públicos de la Generalitat a su favor. Las facturas se ingresaban a una sociedad familiar de Prat, Wanplais, dedicada al mercado inmobiliario y que se lucró también con un centro de menores de la Generalitat. Bienestar Social alquiló en 2010 para el equipamiento un viejo almacén propiedad Prat en Tarragona. A pesar de los escándalos, Prat solo dimitió del ICS tras publicarse esta transacción inmobiliaria en junio de 2012. Boi Ruiz siempre defendió a Prat. Cuando la Guardia Civil detuvo a este último, Boi Ruiz defendió su “labor extraordinaria” frente al ICS.