El Principal critica que se cerrara el teatro con la sala llena

Los gestores del Teatre Principal, propiedad del grupo empresarial Balañá, criticaron ayer al Ayuntamiento por precintar la sala el pasado viernes 23 de octubre, cuando la sala grande estaba llena de gente aguardando que empezara el concierto del festival Primavera Club 2015 porque hacía meses que estaba programado.

En un comunicado hecho público ayer, la empresa que gestiona el Principal argumenta que “el precinto cautelar de un local es una medida que se hace de forma muy excepcional para asegurar que se cumplirá la sanción o bien por temas de seguridad”. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona ordenó el cese de la actividad del Teatre Principal como sala de fiestas —la sala Latino— y la de la sala grande que desde que abrió ha venido funcionando como discoteca con dj algunos días de la semana en noviembre del año pasado, cuando el distrito de Ciutat Vella ordenó el cese al responsable de la explotación de las salas, Carlos Caballero, por dos denuncias vecinales recibidas en febrero y agosto de ese año. Pese a que la actividad como discoteca se realizaba desde su apertura, en octubre de 2013, algo que era públicamente notorio; la primera intervención municipal se hizo después de que Caballero fuera inculpado por supuestas irregularidades en la tramitación de los permisos del Principal. En aquella ocasión, el consistorio insistió en que la única licencia de funcionamiento era la de teatro.

El cierre ejecutado la semana pasada es consecuencia de otra inspección que hizo la Guardia Urbana el 18 de octubre pasado cuando volvió a constatar que funcionaba como discoteca. En la nota, lel Teatre Prinicipal alega que la disposición del espacio —diáfano, con altavoces en los dos lados del escenario— ya era conocida por el Ayuntamiento porque así se presentaba en el proyecto arquitectónico.

Los responsables del teatro alegan que el ayuntamiento hace una interpretación “subjetiva” de la licencia de teatro y “sala de espectáculos” y dicen que la sala “estuvo cerrada durante seis meses de forma voluntaria” cuando fue por mandato municipal en tanto no se subsanaran los problemas de sonorización que fueron objeto de denuncia.

La nota asegura que “en todo momento la voluntad del Teatre Principal es cumplir con la sanción correspondiente al expediente sancionador abierto el 18 de octubre por la Guardia Urbana de Barcelona”, y añade que “en ningún caso el funcionamiento del teatro supone un riesgo para la seguridad de los clientes”. También les parece sorprendente “la velocidad burocrática nada habitual con la que ha actuado el Ayuntamiento”. Y, por último, apuntan que en el plenario del distrito de Ciutat Vella, la regidora del distrito avanzó que el Ayuntamiento estaba negociando al adquisición de teatro para que tuviera uso público. Algo que el consistorio de Barcelona ya intentó, sin conseguirlo, en el mandato de Jordi Hereu que también quería darle un uso ciudadano.  En aquel momento, los responsables de Urbanismo llegaron a proponer una compensación en especies, en solares y otros edificios de la ciudad, pero las negociaciones de la compra no fructificaron.