La Comunidad derogará tres leyes de la presidenta del PP

Cristina Cifuentes ha renegado en los cuatro meses que lleva de presidenta de Madrid de tres leyes aprobadas por Esperanza Aguirre en su etapa al frente de la Comunidad (2003-2012): la ley del suelo de 2007, que salvo contadas excepciones limita los nuevos edificios a tres alturas más ático; la normativa del mismo año que prohíbe la entrada de agentes forestales a montes o terrenos forestales de titularidad privada sin autorización judicial; y la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (2012), que permite edificar en parcelas rústicas de más de seis hectáreas que no están protegidas ambientalmente.

Cifuentes también ha acordado la eliminación del Consejo Consultivo, creado por Aguirre en 2007 y cuya supresión se incluyó en el pacto de investidura de Ciudadanos, al que originalmente bastaba con su despolitización. El objetivo prioritario del partido de Ignacio Aguado era que los expresidentes autonómicos dejaran de tener garantizado un puesto vitalicio remunerado con 5.500 euros netos mensuales en el organismo, donde se sientan todos los exdirigentes de Madrid salvo Aguirre.

El distanciamiento de Cifuentes con algunas de las políticas de sus antecesores volvió a quedar patente ayer. La presidenta autonómica se mostró “de acuerdo con el contenido” de la sentencia del Tribunal Constitucional, adelantada por EL PAÍS, que anuló la restricción de movimientos de los agentes forestales.

Cifuentes coincide con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

“Este Gobierno es de la opinión de que los agentes forestales pueden entrar en determinadas fincas para cumplir con sus cometidos, coincidimos con el fondo de lo que planteaban en sus reivindicaciones y tienen todo el apoyo del consejero de Presidencia”, afirmó Cifuentes, en alusión a su número dos, Ángel Garrido. La presidenta regional adelantó su intención, “si da tiempo”, de aprobar una derogación específica de la normativa en la reunión del Gobierno de la próxima semana tras estudiar “cuál es el procedimiento para ver cómo se puede aplicar de la manera más ágil”, abundó.

La postura de Cifuentes coincide con la del PSOE. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó en 2007 un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación que afectaba a los agentes forestales. “Esta sentencia supone un duro varapalo a las políticas ambientales del PP que considera que el patrimonio natural puede gestionarse desde la impunidad más absoluta y en contra del mandato de la Constitución”, valoró ayer Pilar Lucio, secretaria federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE.