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El juez requiere a Economía que certifique y desglose el coste del 9N

También ha preguntado al Idescat si cedió datos del registro de población de Cataluña para la votación

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye la querella contra Artur Mas por el 9-N requirió este viernes al departamento de Economía de la Generalitat para que certifique el coste que comportó la consulta y que detalle los diferentes conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos. El juez Joan Manuel Abril también pregunta al Instituto de Estadística de Cataluña si con motivo del 9-N se cedieron los datos del registro de la población y que se le envíe el acuerdo o convenio, si existe, que lo hizo posible.

A instancias del fiscal, el juez también reclamó al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, todos los documentos relacionados con los encargos realizados por la consulta. Igualmente solicitó a las distintas empresas contratadas por el Gobierno catalán para organizar el 9-N que detallen los responsables de coordinar los trabajos encomendados y qué empleados participaron en ello.

Concretamente, la Fiscalía quiere disponer de la documentación sobre la instalación de los programas informáticos en los ordenadores portátiles que se utilizaron en los centros de votación, así como las contrataciones relativas a la página web "www.participa2014.cat", que informaba de la consulta.

Los querellados adujeron ante el juez que la Generalitat no desactivó esa página tras la suspensión de la consulta debido a su complejidad técnica, dado que estaba alojada en distintos servidores en el extranjero para evitar ataques informáticos.

Otra de las diligencias acordadas por el juez, a petición del ministerio público, va dirigida a la empresa Fujitsu, a la que exige la documentación relativa a la instalación de los programas informáticos en los ordenadores usados para la votación, que cargos del Govern aseguraron el pasado lunes que finalizó el mismo día 4 de noviembre.

El magistrado ha pedido a Fujitsu los recibos sobre el transporte y entrega de esos ordenadores, con el fin de averiguar si tuvo lugar tras la suspensión de la consulta por el TC.

A la directora del Centro de Iniciativas a la Reinserción (CIRE), que encargó a presos de Lleida la confección de las urnas y papeletas del 9N, el TSJC le ha solicitado también que identifique a la empresa de logística encargada de la recogida y distribución del material, así como el listado de los puntos de entrega facilitado por el Departamento de Gobernación.

Asimismo, el magistrado requiere a Focus, empresa que cobró 144.244 euros por montar el centro de prensa del 9N, toda la documentación mercantil relacionada con el encargo, incluyendo las posibles subcontrataciones y las "órdenes de trabajo", así como que identifique al empleado de la empresa que coordinó el proyecto.

El TSJC ha dirigido otros dos oficios a Telefónica, a quien pide la documentación relacionada con la compra por parte del CTTI de 7.000 ordenadores portátiles -que según Enseñanza tras el 9N han quedado a disposición de las escuelas-, y a Hewlett Packard sobre todos los encargos que recibió en relación con el apoyo informático del 9N.

A esa compañía también le exige el magistrado que identifique al responsable de coordinar los trabajos de instalación de programas informáticos vinculados con la consulta y a los trabajadores que el 9 de noviembre pasado prestaron servicios relacionados con el proceso participativo, en la sede del CTTI o fuera de ella.

La petición de estas diligencias aleja el escenario de un archivo inmediato de la causa que pretendían lograr las defensas de Artur Mas, así como de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau.

Tras la declaración de los tres, entre el 13 y el 15 de octubre, así como de diversos testigos, los abogados defensores tenían previsto reclamar el carpetazo judicial al caso, pero ahora deberán esperar, como mínimo a que se remita toda la documentación reclamada. Después deberá valorarla el juez y decidirá si llama o no a declarar a más testigos, entre ellos los de las empresas a las que reclama esas diligencias.

Si finalmente el juez archivase la causa, la decisión podría ser recurrida por la fiscalía o la acusación popular ante la Sala Civil y Penal del TSJC. Así, no parece probable que, si se diera el caso de esa decisión judicial, Artur Mas estuviera exculpado antes de ser investido presidente de la Generalitat, a más tardar el 9 de enero, si finalmente obtiene el apoyo de la CUP.

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