Los vecinos pagarán al menos 282.000 euros por el derrumbe de Carabanchel

Los vecinos afectados por el desplome del edificio número 5 de la calle de Duquesa de Tamames, en el distrito de Carabanchel, pagarán al Ayuntamiento de Madrid al menos 282.000 euros en concepto de gastos urbanísticos: 188.751 euros por la demolición completa del inmueble, 47.143 por el desescombro y 46.360 por los apeos en la vivienda contigua. Esta última partida deberán afrontarla los vecinos del edificio número 7.

La cantidad a pagar por los afectados podría ser superior: el Ayuntamiento todavía está estudiando si hay alguna partida adicional, como la de los bomberos —que intervinieron en el desalojo—, que hay que repercutir a los vecinos. "Estamos intentando saberlo lo antes posible, pero hay varias áreas implicadas y es complejo. Lo que dicta la ordenanza municipal es que hay una figura, que es acción inmediata y subsidiaria, que después debe repercutirse a los propietarios. No hay otra posibilidad", explica la concejal del distrito de Carabanchel, Esther Gómez.

El Ayuntamiento está valorando las facilidades de pago que se pueden ofrecer a los vecinos. "Entendemos que es una situación muy desagradable y nos gustaría limitar las consecuencias con los recursos que tenemos, que son limitados. Estamos estudiando dos posibilidades: demorar el pago entre 18 y 24 meses y, en casos excepcionales, hasta en cinco años", cuenta Gómez.

Sin embargo, los vecinos se quejan de que Gómez dijo que el gobierno municipal se haría cargo de los gastos. EL PAÍS ha tenido acceso a una audio de la reunión que mantuvieron Gómez y varios técnicos con los afectados el pasado 4 de agosto, un día después del desplome, en la que la concejal anticipó que sería el Ayuntamiento quien cubriría el coste del desmoronamiento. "Pensábamos que las aseguradoras no se harían cargo del desplome, pero después de los pagos realizados por los seguros, el Ayuntamiento tiene que derivar el coste a los propietarios porque en caso contrario estaríamos prevaricando y sería un agravio comparativo", explica Gómez. El gobierno municipal realiza al año una media de 90 casos de acción subsidiaria.

Muchos de los vecinos, que actualmente se encuentran viviendo en pisos cedidos por el Ayuntamiento —el gobierno municipal paga el alquiler durante los seis primeros meses—, tienen que hacer frente a hipotecas. Los afectados, que perdieron todos sus enseres después del desplome, tendrán que comenzar a pagar el arrendamiento de los pisos después de los primeros seis meses. “La gente va muy justa y se está quedando sin dinero porque muchos han tenido que comprar de todo: ropa, mobiliario… Yo, por ejemplo, tengo que enfrentarme a una hipoteca de 100.000 euros por una vivienda que ya no tengo”, cuenta José Julio Ruiz, portavoz de los afectados.

La aseguradora, Santa Lucía, abonó a los vecinos 1.258.000 por el desplome del edificio a pesar de que este tipo de siniestro no estaba contemplado en la póliza. De momento, los vecinos todavía no se han repartido esta cantidad. “En el caso de que tengamos que pagar, usaríamos el dinero que nos dio Santa Lucía. El resto lo repartiríamos por coeficiente [en función de los metros cuadrados de cada piso], pero tener que abonar esa cantidad sería un gasto tremendo", cuenta Ruiz.

Después del desplome, los vecinos del edificio tuvieron varias reuniones con el área de urbanismo. En una de ellas los técnicos informaron a los afectados, según varios de ellos, que había unos gastos por desescombro que podían ascender a 250.000 euros, aunque la cantidad que se maneja ahora mismo es ligeramente superior.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, ha pedido al Gobierno de Manuela Carmena el “máximo apoyo para las familias afectadas por el derrumbe de Carabanchel”. Por su parte, el concejal popular Álvaro González ha acusado de falta de sensibilidad al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y ha criticado el papel del Ayuntamiento: “Esta gente se ha quedado en la calle sin nada y el gobierno municipal les va a repercutir un gasto de casi 300.000 euros”. Sin embargo, el Partido Popular, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del gobierno municipal, cobró en 2010 casi 400.000 euros por los mismos motivos a los afectados por el desplome del edificio número 6 de la calle de Mariano Fernández, en el barrio de Tetuán. Calvo, después, ha contestado a González: “Es mi barrio. He vivido 25 años en Carabanchel y Ahora en Aluche. El Ayuntamiento apoya a los vecinos y les trasladamos la información solicitada”.

El derrumbe de la propiedad se produjo por el colapso de uno de los pilares. El edificio había pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2012. En mayo de 2015 una familia que habitaba en el segundo alertó a la administradora de una grieta descomunal que cruzaba una pared en diagonal, pero un arquitecto retrasó a septiembre la reparación del inmueble. En la madrugada del lunes 3 de agosto, los pilares, del año 1964, cedieron. 40 viviendas —incluido el inmueble colindante— fueron desalojadas.