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OPINIÓN

Gestos y desobediencia

La CUP pide en la negociación que el ‘Govern’ desobedezca, pero ni Mas ni Convergència se han mostrado hasta ahora interesados en hacerlo

Lo único que se sabe de las conversaciones Junts pel Sí-CUP es que la opción Mas es imposible. O no. Y que lo que podría cambiarlo todo es la emisión de gestos de desobediencia por parte del Govern. Llegados a este punto, cabe preguntarse por el significado de los palabros gesto y desobediencia, al parecer, claves y poco claros. ¿Qué es gesto y desobediencia?

 El uso de la desobediencia es extendido, cotidiano y efectivo. La jornada de 8 horas nace en 1910 de una desobediencia. Las huelgas de alquileres, de dependientes y de la construcción, en los años treinta, suponen un aumento de calidad de vida y de derechos gracias a la desobediencia. Una huelga femenina, ilegal, desobediente, en el Mataró post-Stalingrado, supone la primera victoria sindical desde 1939. La Huelga de Tranvías, en los cincuenta es, gracias a la desobediencia, la primera victoria cívica desde también 1939.

Las libertades sindicales y efectivas nacen de desobediencias en los cincuenta, sesenta y setenta, fieramente castigadas. El derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar, un derecho no previsto, nace también de desobediencias valientes y rigurosamente reprimidas en los setenta. Gracias a una llamativa insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria —30.000 ciudadanos se enfrentaron a condenas de 2 a 4 años—, mi generación hizo posible, en los noventa, el fin de esos trabajos gratuitos y forzados al Estado.

Las manifestaciones, en plena jornada de reflexión, exigiendo, en 2004, información sobre los atentados de Atocha, fueron un ejercicio espontáneo de desobediencia, penalizable. Las acampadas del 15-M, supusieron desodediencia a la Ley Electoral, que implica, incluso, castigo penal. El derecho a la vivienda, no desarrollado ni garantizado, lo está siendo por parte de organizaciones como la PAH. Su Obra Social, por cierto, a través de desobediencias y negociaciones, está modulando accesos a ese derecho que, con voluntad política, podrían tener repercusiones legales, incluso constituyentes.

El derecho a decidir ¿ha supuesto, a su vez, desobediencia? Hasta ahora, y en lo que es un dato sorprendente, que dibuja lo que la gestión gubernamental de ese pack tiene de real y de propagandístico, no. La cosa se adentra antes en el mundo del gesto que en el de la desobendiencia. El Govern ha sido muy puntilloso en no cruzar esa barrera. Ese esfuerzo se materializó en octubre de 2014, cuando 150 independentistas —es decir, más del doble de los primeros campistas del 15-M, aquel gran acto de desobediencia—, iniciaron una acampada por el derecho a decidir en Barcelona, disuelta de forma estricta por los Mossos. Es decir, por el Govern.

El Govern ha evitado el concepto desobediencia, incluso estos días, cuando un president, una exvicepresidenta y una consellera han declarado como imputados por la organización del 9-N. En ese sumario político, los tres podrían haber politizado, en efecto, el caso, asumiendo la acusación de desobediencia y dando un giro real —el primero— al procés. No lo han hecho. A falta de que los tres imputados sean llevados a juicio —en el momento en el que escribo esto, no se sabe; pinta que no—, los únicos problemas legales del Govern y de CDC son por delitos comunes.

Llegados a este punto, no cabe preguntarse tanto lo que es un gesto —estamos plagados de ellos; un gesto es una de las posturas más forzadas del Propaganda-Sutra—, sino qué sería un acto de desobendiencia para reclamar un referéndum claro, democrático y vinculante —me temo que, tras tantos gestos, aún estamos en esa casilla—. Supongo que sería, básicamente, un acto de desobediencia fiscal. Para ser efectiva -—efectivo es, según me dicen, una reducción del 10% en la recaudación, que ello fuera noticia internacional, que ello afectara a la deuda, y que todo ello obligara a negociar al Estado—, debería de participar un grueso de la población —¿es posible? ¿Ya tiene suficiente con los guateques del 11-M, o asumiría una desobediencia efectiva con riesgo de castigo económico?—, un grueso aún mayor de empresas —¿juegan en esa liga?—, y el grueso de municipios —la AMP, una organización propagandística, ¿podría liderar ese acto que retiraría al Govern la iniciativa en el procés ?—.

Significaría, en fin, una exposición de individuos, empresas e instituciones al castigo. Y significaría descentralizar el procés y hacerlo, en efecto, efectivo. Algo poco probable cuando CDC ha descubierto que sólo con gestos puede garantizar su subsistencia.