La Generalitat paga el recibo de la energía a 13.200 familias

Un total de 13.201 familias se han acogido al plan de la Generalitat contra la pobreza energética. Esta cobertura, a 15 de octubre pasado, triplica la del primer cuatrimestre de este año, cuando el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, la cifró en 4.175 familias.

El balance es positivo si se compara con el anterior decreto, que fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y que desde la coalición ganadora de las elecciones, Junts pel Sí, se ha querido vender como un agravio. Solo unas 900 familias se acogieron a este primer programa, muy criticado por las entidades sociales pues lo único que hacía era postergar el pago del recibo para después del invierno.

En esta ocasión, la Generalitat creó un fondo de 10 millones de euros para pagar las facturas y pactó con las empresas suministradoras evitar el corte a las familias que tuvieran un informe de los Servicios Sociales.

Barcelona ya ha entregado este año 3.977 ayudas

El Gobierno central, sin embargo, recurrió hace dos semanas el Código de Comercio catalán que daba cobijo al mecanismo para no hacer los cortes de suministro. Además contempla hacer lo propio con la ley hija de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética. Un paso que el Ejecutivo central tiene que dar antes del 9 de noviembre o después si se constituye una comisión bilateral.

La Generalitat, por lo pronto, no revela cuál será su plan C para afrontar la pobreza energética, ya con el invierno encima. Las entidades sociales piden que el Gobierno catalán agilice la creación del reglamento de la ley nacida de la ILP para intentar tener una herramienta de un problema que sigue afectando a muchas familias.

Una petición a la que se suma el Ayuntamiento de Barcelona. El número de ayudas entregadas por el Consistorio en lo que va de este año (3.977) casi iguala a las que se otorgaron en todo el 2014 (4.032). Ya se han destinado 613.227 euros. “Hay un problema de conocimiento del programa, no toda la partida se ejecuta”, dice la regidora de Derechos Sociales Laia Ortiz. “Se han aumentado las ayudas pero no al ritmo de la necesidad”, asegura la concejal.