El Ayuntamiento pagará facturas para evitar el corte de luz a familias pobres

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan para combatir la pobreza energética que prevé, entre otras medidas, hacerse cargo de los recibos impagados de electricidad, agua o gas de forma que se evite el corte del suministro. Además, el gobierno municipal, presidido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), está negociando con las compañías suministradoras para que los hogares en esta situación pasen automáticamente a ser beneficiarias del bono social eléctrico; eso implica una rebaja del 25% en las siguientes facturas, que el Ayuntamiento está negociando con las compañías para elevar al 50%.

En caso de no llegar a un acuerdo con las empresas (por ahora, sólo se ha negociado con Iberdrola y Gas Natural Fenosa; el resto de reuniones se celebrarán la semana que viene), el Ayuntamiento se ha comprometido a asumir los costes de que estas familias vulnerables no se queden sin suministro. Respecto al número de hogares afectados, la concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, ha explicado esta mañana que el año pasado 1.141 familias solicitaron ayuda para pagar los suministros básicos, pero cuenta con que puede haber muchas más que no han acudido a los servicios sociales pese a necesitarlo.

El bono social eléctrico está regulado por una ley estatal, por lo que Higueras tiene previsto reunirse hoy mismo con el ministro de Industria, José Manuel Soria (Partido Popular) para “proponer una serie de modificaciones” en la norma que faciliten la lucha contra la pobreza energética. En la actualidad, para ser beneficiario de este descuento del 25% sobre la tarifa de último recurso es preciso tener contratada una potencia inferior a los tres kilovatios (propia, según el Ayuntamiento, de segundas residencias), y percibir una renta inferior al 120% del salario mínimo (10.841 euros). El límite se eleva a 10 kilovatios para mayores de 60 años con pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente; familias numerosas; o familias con todos sus miembros en paro.

El Ayuntamiento solicitará a Soria que sean los servicios sociales municipales los que decreten que un hogar es vulnerable para que pueda beneficiarse en ese caso automáticamente del bono social. Quiere fijar como requisito que el precio de la factura supere el 10% de sus ingresos familiares o que se perciba la renta mínima de inserción. Además, el gobierno local quiere que el descuento no sea del 25% sino progresivo, con un máximo del 100% de la tarifa en los casos de pobreza extrema. La financiación correría a cargo del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado, o mediante una ampliación de la partida actual del bono social. Higueras se ha mostrado “encantada” de que la presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP), propusiera ayer en ese sentido la creación de un fondo común solidario financiado por el Estado, el Gobierno regional y los ayuntamientos.