La fragua de un juicio político

Las expresiones de apoyo político que rodearon ayer la declaración del presidente Artur Mas ante el juez en Barcelona eran, claro está, un esfuerzo para conferir al proceso judicial, con toda la energía al alcance de sus seguidores, el carácter de un juicio político. Y no solo el de un juicio político contra un dirigente, sino contra el catalanismo en bloque, en la figura de quien ha protagonizado su rápido tránsito del autonomismo al independentismo.

El objetivo de Mas y su Gobierno es sumar ahora al apoyo del 48% de votos que logró en las elecciones del 27 de septiembre la simpatía del aproximadamente 30% de votantes que ni le votaron, ni le votarían, pero sí apoyaron en su momento la celebración de la consulta del 9-N o por lo menos han defendido desde 2010 la conveniencia de un referéndum en Cataluña. Está a su alcance, pero no es seguro que lo consiga.

En paralelo, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP parecen del todo convencidos de que la complicada situación política catalana tiene un solo responsable, Artur Mas y su mesiánica idea de llevar a Cataluña a una tierra prometida. Parecen convencidos de que tras haber logrado que el Tribunal Constitucional descafeinara en 2010 la reforma del Estatuto catalán, debió dejar de haber problema catalán alguno. Si lo hay, piensan, se debe a la exclusiva voluntad de Artur Mas. Derribar a Mas se convierte así en la mejor forma de resolver ese problema catalán que no debiera existir y del que, si nos fijamos bien, ningún dirigente gubernamental habla nunca, (con la sola excepción de algunas intervenciones del ministro de Asuntos Exteriores).

El calendario ha propiciado que la jornada judicial de ayer en Barcelona con Mas de protagonista tuviera su réplica en el Senado con el último trámite parlamentario para la modificación de la ley del Tribunal Constitucional que ha de permitir, en su momento, la inhabilitación fulminante del presidente catalán. La declaración ayer del imputado Mas ante el juez es vista por los independentistas como uno de los pasos del Gobierno necesarios para en su día alcanzar el objetivo político de librarse de un adversario que ha tenido la osadía de plantear que Cataluña se separe de España. Como dijo el ministro del Interior, también es mala suerte que eso haya ocurrido en el 75º aniversario del fusilamiento del último presidente de la Generalitat que había defendido lo mismo, Lluís Companys. Pero es lo que hay.