La juez ve poco creíble la versión del líder del PSOE gallego y mantiene su imputación por cuatro delitos

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besterio, recibió un trato “realmente especial” en la operación de compra de una vivienda en Lugo, cuando era concejal de Gobierno en ese Ayuntamiento. Así lo afirma la juez Pilar De Lara, instructora del caso Garañón, en un nuevo auto emitido este martes en el que expresa nuevas dudas sobre la compra y posterior reforma de un inmueble por parte del entonces edil de urbanismo de Lugo a una de las constructoras de la ciudad. La juez no solo ha decidido seguir adelante con la investigación pese a la documentación aportada por Besteiro sino que pide numerosa documentación bancaria y tributaria relativa a la compra, y posteriores obras de reforma, del piso adquirido por Besteiro durante la época en la que el dirigente socialista era concejal de Lugo y presidente de la Diputación provincial.

A Besteiro, que en los últimos días ha recibido importantes avales de su partido para concurrir como candidato a presidente de la Xunta como el del alcalde de Vigo, Abel Caballero, se le imputan los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio por la aprobación de un convenio urbanístico de las torres de O Garañón en una finca situada junto al parque Rosalía de Castro, en el emblemático pulmón verde de Lugo.

La juez sostiene que el convenio garantizaba al promotor que si, como ocurrió, la licencia se truncaba, sería indemnizado. Meses antes, el entonces concejal de urbanismo adquirió un piso al propietario de la promotora sin que a la magistrada le conste la procedencia del dinero. La juez desplaza el foco de la investigación de las torres de O Garañón a la urbanización anterior de la zona que rodea al sanatorio García Portela realizada cuando Besteiro era concejal de urbanismo y por una empresa con la que la magistrada trata de relacionar el piso adquirido por el socialista.

El auto basa sus sospechas en el “carácter ficticio” de las operaciones y en las “contradicciones” con las que Besteiro ha respondido a su auto inicial de imputación relativas a los pagos (retiradas y entregas de dinero para pagar su piso que el líder de los socialistas gallegos ha justificado con certificados) así como a las declaraciones de otros testigos.

En su opinión, hay algunos movimientos bancarios “manifiestamente extraños” que “carecen de toda lógica”.

El extenso auto, adelantado por El Progreso, destaca que la adquisición del sanatorio Portela por el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue “un auténtico pelotazo” que habría beneficiado a la promotora a la que el anterior propietario del inmueble comprado por Besteiro había vendido los terrenos.

La juez considera inaudito que el Estado haya consentido una operación “manifiestamente injusta y empobrecedora del erario público”.

Sostiene que antes de la venta al INE, el sanatorio y los terrenos en los que este se enclava fueron adquiridos por la empresa Ingapan que pagó 1,4 millones de euros y que, tras una segregación de los terrenos, vendidos por 275.000 euros, obtuvo 1,8 millones por la venta restante al INE.

La magistrada basa sus sospechas del carácter “anómalo y especulativo” de la operación en el hecho de que Ingapan había hecho ya una oferta formal de venta al INE con lo que cuando compró el edificio y los terrenos “ya era conocedora de que la venta al Estado iba a fructificar en condiciones altamente provechosas para la vendedora”. Entiende que el Estado podría haber negociado, sin intermediarios, con lo propietarios anteriores ahorrando gran cantidad de dinero al erario público.

Frente a ello, sostiene la juez, la administración central pagó e Ingapan ganó una plusvalía de 671,376 euros.