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La Justicia cierra dos fincas ‘pirata’ donde se casan famosos y ricos

El Tribunal Superior de Justicia ordena el cese de actividad por falta de licencia en las haciendas donde se casaron Carlos Baute, Manu Tenorio y los hijos de Aznar

Los Arcos del Real, donde se celebró la boda de Ana Aznar y Agag. rn
Los Arcos del Real, donde se celebró la boda de Ana Aznar y Agag.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga en una sentencia del 2 de octubre a que las fincas en las que celebraron sus bodas dos hijos del expresidente del Gobierno José María Aznar —Ana (2002) y José María (2011)— o los cantantes Carlos Baute o Manu Tenorio cesen su actividad por actuar sin licencia cuando tienen “uso agropecuario”. El Ayuntamiento de San Lorenzo, del PP hasta las últimas elecciones, se saltó la ley pese a las denuncias de dos asociaciones de hostelería. El Consistorio ordenaba por escrito que cesase la actividad, pero no ejecutaba nada. La nueva alcaldesa, Blanca Juárez, del partido independiente Vecinos, asegura que esta vez se cumplirá la ley. “Si no cierran, abriremos el expediente de clausura”.

Pendientes de una recalificación urbanística

La nueva alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Blanca Juárez, asegura que se “cumplirá la ley” y si los dueños de las fincas no cesan la actividad “se abrirá un expediente y las cerraremos nosotros”. Juárez recuerda quehay un cese declarado de 2012 , “pero como coincidía con la celebración de bodas la fecha se ha ido retrasando”.
La finca de Los Arcos del Real, inscrita como centro de cría caballar, ha conseguido que la Comunidad de Madrid le recalifique urbanísticamente y ello le va a posibilitar pedir la licencia de negocio y si se le concede abrir de nuevo. La de El Campillo aún está en trámites de recalificación. Ambas tenían un uso apropecuario.
José Luis Fernández Quejo del Partido Popular, que gobernaba el municipio desde hace 20 años, se saltó una y otra vez la ley. En junio la unión del resto de partidos le dejó sin vara de mando. Juárez, del partido Vecinos, logró los 10 votos de cinco formaciones. Quejo acometió en sus mandatos obras polémicas: un auditorio de 99,5 millones de euros infrautilizado, un spa municipal de 1,5 millones...

Hasta cuatro veces la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) reclamaron al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que les informase sobre la situación legal de dos fincas en las que se celebran bodas y que ordenasen el cese de actividad por su falta de licencias. “Ante ello el Ayuntamiento hizo caso omiso”, explica el TSJM en su sentencia a un recurso de apelación de las dos empresas que gestionan el negocio (Los Arcos Sistemas de Gestión y More than events), condenadas en 2014 por un juzgado contencioso administrativo. Las firmas han declinado hacer declaraciones a EL PAÍS.

“Nosotros no queremos que cierren las fincas”, sostiene Javier Zamora, el abogado de los hosteleros. “Lo que no queremos es que se pidan las licencias, se cumplan los requisitos. Que se verifiquen las condiciones higiénicas de los alimentos, las acometidas eléctricas, las salidas de emergencia en sitios que reúnen a 500 o 1.000 personas… Que la madrina no vaya al baño y se electrocute porque no se ha revisado la instalación eléctrica”. El despacho Juristur ha ganado ya para los hosteleros nueve demandas a Ayuntamientos que permitían que funcionaran las fincas.

En 2010, después de que los hosteleros pusiesen una denuncia hartos de la pasividad municipal, el Ayuntamiento dictó una primera resolución de cese de actividad en las haciendas y de legalización de los negocios que jamás se cumplió. Tras nuevos recursos, en 2012 el Consistorio volvió a ordenar el parón, pero este de nuevo no se llevó a cabo. Meras palabras. EL TSJM recuerda que si el dueño no paraliza el negocio “la administración municipal debe proceder al cierre y clausura”.

Interior de la finca El Campillo con uso
Interior de la finca El Campillo con uso"agropecuario".

Una de las fincas es Los Arcos del Real. Allí en septiembre de 2002 se congregó para la boda de Ana Aznar la plana mayor del PP, muchos de los imputados en los casos de corrupción de Gürtel y Púnica —Francisco Correa fue testigo del novio, Alejandro Agag—, destacados nombres de la economía, el deporte y la cultura española y hasta cuatro presidentes del Gobierno extranjeros (entre ellos Tony Blair, Silvio Berlusconi). Los Reyes de España acudieron a la misa en el monasterio, pero no al convite en el que se juntaron 1.100 invitados servidos por 200 camareros en 120 mesas.
Por entonces Los Arcos acogía bodas sin licencia desde tres años antes. El dueño de la finca y administrador de Los Arcos Sistemas de Gestión, Jaime Moreno García, cedió gratuitamente las instalaciones a su amigo Aznar.

En 2013 se supo que la trama Gürtel había abonado parte de la fiesta de Ana: 32.452 euros en concepto de iluminación, andamios, generadores, aparcamiento, acreditaciones, alojamientos técnicos... Los 200 coches oficiales se quedaron en el monasterio y los convidados llegaron al centro de cría caballar (convertido sin permiso en sala de fiestas) en decenas de autobuses. Se sorteaba así la entrada a una zona de robles y fresnos que goza de protección especial.
La otra finca que debe cesar su actividad es El Campillo. Allí el primogénito de Aznar, José María, se esposó en su ermita en 2011 sin el boato de su hermana Ana y siendo su padre ya expresidente. Los cantantes Carlos Baute y Manu Tenorio, entre otros, también eligieron la hacienda para sus bodas.

Mariano Rajoy estuvo en las dos bodas sin licencia de los Aznar —la segunda recién elegido presidente del Gobierno— y este julio en la del exministro José Ignacio Wert celebrada también sin permiso en Colmenar Viejo. Los hosteleros han presentado un “recurso de pasividad” contra el Ayuntamiento porque no tramita sus denuncias contra la finca La Camarga. Hay decreto de cese de actividad y precinto, pero el Consistorio del PP no ejecuta. Es más, el alcalde Miguel Ángel Santamaría ofició la boda de Wert.

En su recurso las empresas condenadas por el TSJM aseguran que las fincas tienen “uso agropecuario” sin perjuicio de que han podido “celebrar eventos puntuales y o familiares en la referida zona cubierta, por empresas de catering debidamente autorizadas y registradas en la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, un vistazo en las redes sociales no deja duda de la dimensión del negocio. El Campillo, una fortaleza del siglo XIV, es “la combinación perfecta para la celebración el día más especial de tu vida”, aseguran en Facebook, por su “gastronomía de primera calidad y la profesionalidad de todo el personal”. Y las fotos muestran enormes espacios llenos de mesas con arreglos florales y decoración nupcial.

Las firmas condenadas alegan que con sus denuncias los hoteleros demandantes hacen un “ejercicio antisocial” con el que “buscan eliminar y dañar a un hipotético o eventual competidor”. Y aunque niegan actividad, recuerdan que el Ayuntamiento empezó “los pertinentes procedimientos de legalidad urbanística en 2010 y 2012”. Pero las licencias nunca llegaron.

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