El derecho de asilo
Además del compromiso político sobre las cuotas a asumir por cada Estado miembro, sería necesaria una reforma de las normas de acogida de los refugiados
Los europeos saben lo que es ser refugiado: franceses, alemanes... Aquí, sin ir más lejos, para un demócrata son inolvidables las imágenes de Agustí Centelles de los republicanos españoles que huían de Franco, maltratados en los campos del sur de Francia. Aquello fue una vergüenza para las democracias liberales. En este trágico verano de 2015, una nueva vergüenza internacional ha aparecido con toda su crudeza en los medios audiovisuales.
Día tras día, mueren en las aguas del Mediterráneo un número ingente personas que con la esperanza de llegar a las costas europeas de Italia o Grecia huyen de la guerra de Siria, de la violencia del siniestro Estado islámico y de otros conflictos que condenan a partir a sirios, afganos, kurdos, iraquíes, africanos, etcétera. Todos ellos, sometidos a la extorsión de las mafias que organizan a precios leoninos, unos viajes que a veces los conducen a ese trágico final.
No es solo responsabilidad europea pero por razones geográficas la cuestión de los refugiados es, ante todo, un problema inmediato de la Unión Europea. Su respuesta global todavía está por llegar. Pero sí lo ha hecho la particular de algunos Estados: construcción de un muro —¡otro¡— entre Hungría y Serbia; en Grecia, gases lacrimógenos contra refugiados con sus hijos y ancianos en las colas para pedir asilo; Francia fortalece en Calais la vigilancia del túnel del Canal de la Mancha porque el Reino Unido —un interesado outsider de la Unión— se desentiende del problema humano; en España, las vallas de Melilla y Ceuta y discusión cicatera con los socios europeos por unas ridículas cuotas de asilo. La canciller Merkel, después de un tiempo de permanecer callada recuerda ahora, tras los ataques xenófobos de la extrema derecha, que sin la cooperación en la acogida de los refugiados peligra la libre circulación de los ciudadanos europeos por una buena parte del territorio de la Unión (Schengen).
La actitud de sus autoridades pone de manifiesto la falta de una política exterior unitaria para hacer frente al problema humano, jurídico y político
La actitud de sus autoridades pone de manifiesto la falta de una política exterior unitaria que pueda hacer frente con eficacia al problema humano, jurídico y político derivado de la crisis. El reciente fracaso para llegar a un acuerdo sobre las cuotas de refugiados que cada Estado debería estar en disposición de dar asilo, y toda la mezquina disputa que lo ha rodeado, muestra su incapacidad política para dar respuesta al reto de los conflictos bélicos en su área de influencia más próxima. Por ejemplo, que en Siria, un sátrapa como Bashar el Asad pueda todavía mantenerse en el poder, hace recaer una grave responsabilidad en los actores decisorios de la política internacional. Sin duda los Estados Unidos, China, Rusia, pero también la Unión Europea. Y es aquí, donde el proyecto de una unión política con voz propia en la escena internacional es inexistente.
En el terreno jurídico la regulación europea del derecho de asilo requiere una revisión. De acuerdo con la Convención de Viena de 1951 la condición de refugiado potencialmente beneficiario del asilo, es atribuida al que tiene fundados temores de ser perseguido en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas. Huir de la guerra es una causa legítima para pedir el asilo. En La Unión Europea, el Reglamento 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, sobre la concesión del asilo determina que el Estado que haya expedido al solicitante un documento de residencia o visado que sea vigente, será el responsable sobre la solicitud de asilo.
Quien huye de la guerra no puede escoger el Estado donde desearía obtener el asilo. La realidad del drama actual es que los Estados a los que llegan los refugiados no son precisamente una potencia económica de la Unión, de tal forma que les permita aportarles garantías de una vida digna. Parece evidente que, además del compromiso político sobre las cuotas a asumir por cada Estado miembro, sería necesaria una reforma de la regulación del derecho de asilo que flexibilizase, con reglas objetivas, las normas para determinar el Estado responsable de la solicitud de asilo, de tal forma que al solicitante le quede un cierto margen de elección para solicitarlo. La Unión Europea y la comunidad internacional no pueden mirar para otro lado ante esta nueva vergüenza.
Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.
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