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Carmena acaba con la privatización de la funeraria municipal

El Ayuntamiento recuperará en 2016 el 100% de la empresa, tras la polémica venta del 49% por 60 céntimos hace dos décadas

Última sesión del Caso Funeraria en la Audiencia Provincial, donde los ex concejales madrileños del PP Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno fueron juzgados por la privatización parcial de la funeraria municipal. Ampliar foto
Última sesión del Caso Funeraria en la Audiencia Provincial, donde los ex concejales madrileños del PP Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno fueron juzgados por la privatización parcial de la funeraria municipal.

Cuando una persona fallece en un accidente de tráfico, la funeraria municipal tiene un teléfono que funciona las 24 horas para gestionar una sala del tanatorio, los trámites de la cremación o incluso una esquela. Pero “la intervención especializada de psicólogos cuanto antes ayuda a que el proceso de duelo de los familiares sea menos patológico”, explica el edil madrileño de Salud, Javier Barbero. Para garantizar ese y otros “derechos relacionados con el final de la vida”, el Ayuntamiento convertirá la funeraria en una empresa 100% pública en 2016.

La privatización parcial de la funeraria se produjo en diciembre de 1992, y acabó por convertirse en el mayor escándalo del mandato como alcalde (1989-2003) de José María Álvarez del Manzano (PP). El servicio arrastraba una deuda de 84 millones de euros. Álvarez del Manzano decidió poner en manos de una empresa privada (Funespaña, controlada ahora por Mapfre) el 49% del capital, creando así una sociedad mixta (de capital público y privado) con fecha de caducidad: en 2016 se extinguiría automáticamente.

El Ayuntamiento recibió 60 céntimos por ese 49% de las acciones. Tres años después, la sociedad mixta ganaba nueve millones de euros al año y había enjugado completamente su deuda.

Esa privatización fue juzgada y condenada: la Audiencia Provincial dictaminó en 2008 que la operación pudo haber reportado al Ayuntamiento 7,4 millones de euros en vez de 60 céntimos. Pero sólo fue condenado (a dos años de inhabilitación para cargo público) Luis María Huete (PP), primer teniente de 1991 a 1995, y ya retirado de la política entonces.

El gerente, bajo sospecha

El Ayuntamiento de Madrid ha explicado esta mañana que “no quiere entrar” en el supuesto caso de corrupción por el que un juzgado investiga a Juan Antonio Valdivia, gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. “La justicia dirá lo que tiene que decir. Si supiéramos que la empresa se va a mantener cinco años, tendríamos que mucho que decir; pero ahora nos interesa actuar sobre el proceso de forma global”, dijo el concejal de Salud, Javier Barbero.

Según desveló El Confidencial, un juzgado investiga a Valdivia por contratar en 2000 a la firma Mould Wood para el suministro durante 15 años de ataúdes ecológicos y urnas funerarias. Valdivia fue nombrado en diciembre de 1998 presidente de Mould Wood, y poseía el 75% de la empresa. La Fiscalía detectó en 2012 indicios de prevaricación. Entre 2003 y 2014, las ventas sumaron 2.410 millones en ataúdes y 203.000 euros en urnas.

Los jueces atribuyeron además a Juan Antonio Valdivia y Ángel Valdivia (vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de Funespaña) los delitos de falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública, pero los consideraron prescritos. Juan Antonio Valdivia sigue siendo en la actualidad gerente de la empresa. Cobra 113.000 euros anuales.

En 2015, la Sociedad Mixta de Servicios Funerarios prevé un volumen de negocio de 50,3 millones, y un beneficio de 900.000 euros. Calcula ofrecer 11.034 servicios funerarios básicos. Acumula un pasivo corriente de 8,1 millones, pero su patrimonio neto asciende a 52,8 millones de euros.

Fecha de caducidad en 2016

La sociedad mixta expira el 15 de septiembre de 2016, quedando pues en manos del gobierno municipal (Ahora Madrid) la decisión de prorrogar su existencia o recuperar el 100% del servicio, creando para ello una nueva sociedad mercantil plenamente pública. Sánchez Mato aclaró esta mañana que se optará por la segunda opción, pero no se procederá a un rescate anticipado sino que se esperará a septiembre de 2016.

Así se lo comunicó hoy tanto a Funespaña como a los sindicatos. En la empresa trabajan 530 personas, según Sánchez Mato, que “no tienen nada de lo que preocuparse” porque serán subrogadas por la nueva sociedad pública. “Haremos lo posible para que sigan allí y en unas condiciones adecuadas”, explicó Barbero.

En los estatutos de la sociedad se especifica que al extinguirse la empresa mixta “todos sus activos y pasivo revertirán al Ayuntamiento, careciendo el resto de accionistas del derecho a participar en la cuota de liquidación”. Sin embargo, según avanzó El Confidencial, Funespaña planea exigir la mitad de las reservas de la empresa mixta cuando se extinga (es decir, 24,5 millones de euros).

Deterioro de La Almudena

El Ayuntamiento ha encargado una auditoría del estado de las instalaciones (fundamentalmente, 14 cementerios y dos tanatorios), y en especial del cementerio de La Almudena, sobre el que pesan denuncias políticas y ciudadanas sobre su estado de abandono. Sánchez Mato anunció hoy  que será necesarias fuertes inversiones en conservación de las instalaciones. Y recordó que, entre 2003 y 2014, Funespaña logró 63 millones de euros de beneficios.

La sociedad mixta se encarga actualmente tanto de servicios funerarios (tanatorios, etcétera), que se encuentran liberalizados (es decir, los pueden prestar, y de hecho los prestan, empresas privadas), como de la gestión de los cementerios, tarea que forma parte de las competencias que debe asumir por ley la Administración local. Según explicó Sánchez Mato, la nueva sociedad asumirá tanto esas competencias obligatorias como los servicios funerarios ya liberalizados. Pero no sólo.

Además, quiere sumar nuevos servicios, como el anteriormente referido de atención psicológica a los familiares en casos de fallecimiento repentino. Sánchez Mato aseguró que se mantendrá la eficiencia económica de la empresa (es decir, ganará dinero), y Barbero prometió que su fin fundamental será “respetar y promover” los derechos relacionados “con el final de la vida”.