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El Tribunal Constitucional suspende dos leyes sobre comercio catalán

El alto tribunal admite los recursos presentados contra las normas de la Generalitat

Felip Puig sale de una comisión en el Parlamento.
Felip Puig sale de una comisión en el Parlamento.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno central a la Ley de Equipamientos Comerciales y el decreto del Código de Consumo aprobados por la Generalitat en diciembre del año pasado. Con esa decisión, ambas normas quedan suspendidas de forma cautelar.

En el caso del Código de Consumo, el Gobierno recurrió los artículos con los que el Gobierno catalán preveía luchar contra la pobreza energética y en los que define qué ciudadanos deben considerarse dentro de esa categoría para beneficiarse de las ayudas habilitadas por la Generalitat, básicamente el derecho a aplazar el pago de los recibos durante los meses de invierno. Con el decreto de 2014 la Generalitat intentaba sortear el recurso a otra ley aprobada con el mismo objetivo.

Asimismo, otro artículo recurrido se refiere a la ejecución hipotecaria de aquellas personas que no pueden afrontar el pago de las cuotas de la hipoteca. La Generalitat, en el artículo 8 del Código de Consumo, abría la posibilidad de buscar una resolución extrajudicial para agilizar los procesos y facilitar las soluciones a personas hipotecadas sin recursos. Asimismo, en otro artículo definía qué se podía considerar una cláusula abusiva en una hipoteca e impedía que los bancos fijaran unos tipos de interés superiores a tres veces el precio legal del dinero en casos de demora.

Respecto a la Ley de Equipamientos Comerciales, la suspensión del decreto aprobado el 23 de diciembre del año pasado afecta a la decisión del Gobierno catalán de poner fin a una excepción que permitía construir centros comerciales fuera de tramas urbanas. Esa medida ha permitido la aprobación, por ejemplo, de un gran centro outlet en Viladecans.

Según el consejero de Empresa, al paralizar estas dos leyes, el Gobierno "pone trabas a las medidas que el Gobierno catalán implanta para ayudar a aquellas personas víctimas de pobreza energética o a aquellas personas que pueden sufrir un desahucio". El Ejecutivo pedirá al Constitucional que levante la suspensión.