El Consell penalizará a los bancos que no cedan vivienda para alquiler social

El Gobierno valenciano penalizará a la entidades financieras que no ofrezcan casas vacías para que sean destinadas a alquileres sociales, según ha asegurado este lunes la consejera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador. La idea del departamento es "partir de la colaboración" con los bancos, con los que se están manteniendo encuentros con vistas a la elaboración de la Ley de Función Social de la Vivienda que prepara la Generalitat. Pero de "forma subsidiaria" la futura norma contemplará penalizaciones que, según fuentes de la consejería, podrían tener carácter fiscal.

El Consell también intentará movilizar las viviendas vacías en manos de particulares. Pero en este caso se hará mediante "incentivos" y ofreciendo garantías a los propietarios para que se decidan a darles uso, por ejemplo a través del alquiler.

Salvador ha hecho el anuncio tras celebrar la primera reunión con el consejo asesor nombrado para la redacción de la ley. En este se sientan miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos, los colegios de abogados y registradores, Amnistía Internacional y profesores universitarios como Andrés Boix, Reyes Marzal y José Manuel Luis Hortolano.

La consejera ha indicado que una de las primeras medidas consistirá en realizar un censo de viviendas vacías en la Comunidad Valenciana del que ahora no se dispone. El departamento quiere depurar el número de desahucios en primeras viviendas que se han producido desde el inicio de la crisis. Desde 2008 el número global es de 82.000, pero no todas eran hogares, y Vivienda ha llegado a un acuerdo con el colegio de registradores para afinar el dato.

El objetivo final de la ley es que la vivienda, recogida en la Constitución como un derecho pero cuya aplicación no es exigible directamente a la Adminsitración cambie de categoría. La vivienda pasaría así a ser un "derecho subjetivo" que los ciudadanos podrían reclamar a la Generalitat si no disfrutan de él.

En el "documento explicativo" de los objetivos de la ley se señala que ese derecho no tiene por qué significar el acceso a una casa propia. "Se trata de apostar por un modelo que se oriente a hacer efectivo el derecho a la vivienda, entendido éste en un sentido mucho más amplio que el acceso a la propiedad, como provisión, acceso, uso y disfrute de una vivienda, la garantía de uso de la que ya se disponga y la posibilidad de la mejora de sus condiciones", indica.

Salvador ha afirmado que el parque de viviendas públicas de la Generalitat es insuficiente. Este asciende a 15.000 casas, de las cuales unas 700 resultan en estos momentos inservibles debido a su situación de "total abandono", han apuntado fuentes del departamento.

La consejera, que ha afirmado que quiere elaborar la ley con "participación" pero a la vez imprimirle velocidad para aprobarla lo antes posible, ha afirmado, en referencia a la petición a las entidades financieras para que faciliten viviendas para alquileres sociales, que el sector bancario "ha sido objeto de un rescate y tiene que contruibuir".

Los primeros pasos de la ley parten de un análisis, según el cual, "a pesar de la enorme producción inmobiliaria del periodo 1997-2007 el acceso a la vivienda ha sido problemático para una gran mayoría de la población". El objetivo del Consell ahora no es fomentar más construcción sino elevar el número de alquileres -"para acercarnos a otros países europeos", ha dicho Salvador- y potenciar la rehabilitación.