El Ayuntamiento se desdice y retira el recurso contra la suspensión de la ‘Operación Calderón’

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó el pasado julio, a consecuencia de la solicitud de Ecologistas en Acción, la paralización cautelar del plan parcial que permite el desarrollo de la operación Mahou-Calderón, que a juicio de los ecologistas es una de las "mayores actuaciones urbanísticas especulativas", herencia de los gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella (PP). "De los promotores se esperaba esa reacción, pero no del consistorio", observa Ecologistas.

La ONG recalca que "esta decisión supone un incumplimiento del programa electoral de Ahora Madrid, en el que se comprometen a 'poner en marcha medidas urgentes que frenen los procesos especulativos y los pelotazos urbanísticos en marcha'. "Además", prosigue Ecologistas, "en las propuestas programáticas para el distrito de Arganzuela se recoge textualmente 'frenar la especulación inmobiliaria en los grandes proyectos del distrito' y 'auditar la operación Mahou-Calderón".

El ámbito de actuación de la principal operación urbanística en la almendra central de la capital comprende 204.218 metros cuadrados de superficie, en un área delimitada por los paseos de Pontones, Imperial y Virgen del Puerto, por la calle de Alejandro Dumas y por el río Manzanares. La operación incluye la demolición del Calderón (inaugurado en 1966) y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. El 55% del suelo es de propiedad municipal, el 30% corresponde a la antigua fábrica de Mahou, y 15% restante al club de fútbol.

En su lugar FCC levantaría unas 2.000 viviendas, con 160.000 metros cuadrados de zonas verdes. La constructora también soterraría el último tramo de la M-30, culminando así el trazado del paseo ribereño de Madrid Río. FCC costearía las obras, incluidas las de La Peineta, con la venta de las viviendas (el gasto previsto era de 218 millones, más otros 41 millones por la parcela). El Ayuntamiento de Madrid no aceptó la propuesta original del Atlético, de levantar 2.200 pisos, con dos torres de 30 plantas, otras tres de 19 y la desaparición de un instituto. La versión original se rebajó a unas 1.600 viviendas, con torres de 17 pisos, muy por encima del máximo legal de la ley regional.

El Ejecutivo de Manuela Carmena afirma hoy en un comunicado que la decisión ha sido tomada de forma coordinada por todas las áreas de Gobierno competentes y no supone "en ningún momento" que el Gobierno municipal haya variado su posición respecto al plan parcial. Según el Ayuntamiento, el plan contiene "elementos muy discutibles" que deben ser revisados de manera exhaustiva.

El TSJM se ha pronunciado varias veces contra el proyecto urbanístico. El tribunal detuvo la Operación Calderón en enero de 2012, pero el Supremo anuló la sentencia en octubre de 2014, obligando a repetir el proceso. El TSJM tomó en cuenta el pasado abril las disposiciones del Supremo y examinó, además, el cambio legislativo aprobado por el Gobierno regional en 2013 para intentar salvar el plan.

La conclusión a la que llegó fue que el cambio legal podría no bastar. De ahí la intención del Gobierno regional de Cristina Cifuentes de formular una nueva ley del suelo frente a la actual, que limita los nuevos edificios a un máximo de cuatro alturas salvo que sean declarados singulares.

El TSJM tumbó el pasado abril el proyecto de 2009 del Ayuntamiento y sembró muchas dudas sobre el plan municipal de julio de 2014 —una revisión de los proyectos anteriores— de derribar el Calderón y hacer dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22. De nuevo, al entender que era incompatible con la ley del suelo regional.