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Cifuentes elude por decreto dar explicaciones sobre Cultura

La presidenta de Madrid delega en Garrido, su 'número dos', las intervenciones parlamentarias en la Asamblea de Madrid relacionadas con la gestión cultural y el turismo

Cifuentes y Garrido, tras el último Consejo de Gobierno. Ampliar foto
Cifuentes y Garrido, tras el último Consejo de Gobierno.

El Gobierno regional aprobó la semana pasada un decreto que modificaba otros dos anteriores, de julio y agosto, para limitar la exposición de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid. La presidenta autonómica delegó a primeros de septiembre, también por decreto, las intervenciones parlamentarias en materia de cultura y turismo en el hemiciclo en Ángel Garrido, su número dos y titular, entre otros cargos, de la Consejería de Presidencia y Justicia. Cifuentes suprimió la Consejería de Cultura para asumir, en teoría, sus competencias y las de turismo al tratarse, según dijo, de dos “sectores fundamentales para el desarrollo económico de la región” y requerir “una acción coordinada y prioritaria” del Ejecutivo.

Cifuentes anunció en su discurso de investidura como presidenta de Madrid, en junio pasado, la creación de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad. Su función sería “coordinar las actuaciones en ambas materias”. “Buena prueba de la importancia que va a tener Cultura en esta nueva etapa es que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad, con el objetivo de integrarla transversalmente en la acción del Gobierno, desarrollando toda su dimensión”, se comprometió la dirigente del Partido Popular.

La oposición: recuperar la Consejería de Cultura

El PSOE y Podemos reclaman a la Comunidad de Madrid que recupere la Consejería de Cultura, eliminada en la última reestructuración del Ejecutivo autónomo. “Es necesaria una Consejería de Cultura, porque la cultura en Madrid debe tener una visibilidad extraordinaria”, ha manifestado Ángel Gabilondo, portavoz socialista en el Parlamento regional.

El Ejecutivo estableció mediante decreto, el 4 de agosto, la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Justicia, detallando la creación de la citada Oficina de Cultura y Turismo regional, con rango de viceconsejería y “bajo la dependencia funcional de la Presidencia del Gobierno y orgánica” de la consejería en cuestión. Su objetivo sería el “impulso, coordinación, apoyo y supervisión” de las actividades que competen a la Consejería “en materia de ordenación, promoción, planificación e información del turismo, de las artes escénicas, de las bellas artes, del libro, de archivos, de música y audiovisual y del patrimonio histórico”. El Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad también quedó adscrito a la Oficina de Cultura y Turismo.

En consonancia con la declaración de intenciones del Gobierno, con Cifuentes al mando de la cultura y el turismo regional, la diputada Ana García D’Atri (PSOE) registró el 30 de julio una solicitud de comparecencia de Cifuentes en el Parlamento regional para que informara de la política cultural que tenía prevista para la legislatura. La reacción del Gobierno fue delegar en Garrido las intervenciones sobre cultura y turismo en el hemiciclo.

El vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea —órgano que califica las propuestas de los grupos políticos representados en el hemiciclo y que el PP ya no controla tras 20 años de mayorías absolutas—, el socialista Modesto Nolla, advirtió en las últimas reuniones del órgano que el reglamento de la Cámara “no prevé la posibilidad de delegación” planteada por Cifuentes a primeros de mes. “El decreto no está muy finamente preparado y constituye una tapadera de la negativa de la presidenta del Gobierno a comparecer”, afirmó Nolla. El responsable del PSOE recalcó que Cifuentes podía “delegar sus competencias, no sus obligaciones”.

El Ejecutivo autónomo estableció por decreto el pasado día 22 “la dependencia funcional” de la Oficina de Cultura y Turismo del consejero de Presidencia y Justicia, “con el fin de alcanzar una mayor eficiencia y coordinación interna en el ejercicio de dichas competencias”. De esta forma, la Oficina de Cultura y Turismo pasó a depender “orgánica y funcionalmente” de Garrido, aunque “sin perjuicio” de las decisiones tomadas por Cifuentes. La presidenta de Madrid quedó así liberada de las comparecencias en el Parlamento regional, más allá de las preguntas de los portavoces de la oposición.

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