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Los altos cargos harán público su nuevo trabajo al dejar la Xunta

Feijóo destaca que su ley de transparencia supera las exigencias de la estatal y regula también el traspaso de poderes

Los altos cargos del Gobierno gallego deberán informar a la Oficina de Incompatibilidades de la Xunta de Galicia sobre cualquier actividad que desempeñen en los dos años posteriores a su salida del puesto y esta hará público ese trabajo. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno en la que se aprobó, para su remisión al Parlamento, una nueva ley de transparencia autonómica que, según destacó, amplía las exigencias tanto de la ya existente en Galicia desde 2006 como de la estatal aprobada hace dos años.

El Gobierno gallego detalló que “durante los dos años posteriores al cese, las personas que fuesen altos cargos de la Xunta de Galicia deberán informar de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades de la Xunta, para que esta informe sobre si esa actividad se ajusta al régimen de incompatibilidades. Y, además, cuando esta oficina autorice esta compatibilidad, esa decisión se hará pública”.

El texto definitivo de la nueva ley de transparencia, que aún podrá ser corregido en el Parlamento, rebaja las sanciones por incompatibilidades de los altos cargos que contemplaba el borrador inicial. Aquel texto recogía que los altos altos cargos que cometiesen infracciones muy graves en materia de incompatibilidades podían ser destituidos de sus puestos y, además, recibir multas de entre 6.001 y 12.000 euros. Ahora, informa Europa Press, las sanciones muy graves serán de entre 1.500 y 3.000 euros. Por su parte las sanciones graves, que antes oscilaban 600 y 6.000 euros, son ahora de entre 500 y 1.500 euros. En todo caso, la Xunta ha subrayado que el Estado no contempla sanciones pecuniarias en su norma, por lo que este extremo estaría entre los preceptos en los que, según Feijóo, esta norma "supera" a la estatal.

La nueva ley de transparencia también regula por primera vez el traspaso de funciones entre gobiernos autonómicos. Un ejecutivo en funciones no podrá enviar proyectos de ley al Parlamento, autorizar convenios con otras Administraciones, dar luz verde a convocatorias de acceso o provisión de puestos de trabajo públicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas". En el traspaso de poderes, cada consellería deberá elaborar un informe de gestión en que se detalle información como la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes. Esos informes de cada departamento serán agrupados en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante.

Por último, la nueva ley de transparencia también establece que, en el ámbito autonómico, será el Valedor do Pobo el encargado de resolver los recursos que puedan presentar los ciudadanos ante una primera negativa de la Administración a atender una petición de información.