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La Cámara cuestiona dos contratos del Ivima en la venta de 3.000 pisos

Los auditores del organismo fiscalizador destacan que la licitación fue de 60.000 euros en ambos casos, “justo en el límite que permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad”

Promoción del Ivima en el PAU 4 de Móstoles, en 2013. Ampliar foto
Promoción del Ivima en el PAU 4 de Móstoles, en 2013.

El Instituto de la Vivienda (Ivima) adjudicó a PWC Asesores de Negocios dos contratos de asesoría en abril y septiembre de 2013 con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, “justo en el límite que permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad”, advierte la Cámara de Cuentas. Los auditores cuestionan la “forma de actuar” del Ivima en la concesión de ambos contratos, de idéntica cuantía y en un lapso de tiempo de cinco meses. La firma asesoró a la Comunidad en la venta de 32 promociones del Plan Joven en agosto de ese año por 201 millones, un 20% más que el precio de salida (168,9 millones).

La Policía pide que investigue Anticorrupción

El juzgado de instrucción 48 de Madrid ve posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la venta de los 2.935 pisos del Ivima, aprobada por el Gobierno de Ignacio González (PP). La Policía Nacional recomendó al juez a primeros de 2015 que la Fiscalía Anticorrupción se encargue de la investigación para determinar “la posible interrelación” entre las empresas compradoras y la Administración.

El Ivima formalizó el 16 de abril de 2013 con PWC un primer contrato de asesoramiento para la enajenación de casi 3.000 viviendas. El valor estimado de este contrato era de 60.000 euros, por lo que se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad, siendo el plazo de ejecución de tres meses. El director gerente del Ivima era en ese momento Juan Van-Halen. Cuatro meses después, el Gobierno regional vendió 2.935 pisos al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora. Una decena de fondos de inversión participaron en la puja.

El 26 de septiembre el Ivima formalizó con PWC un nuevo contrato para el asesoramiento en la venta de promociones de viviendas. Al igual que el contrato anterior, este tenía un valor estimado de 60.000 euros. También se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad. Van-Halen ya no era el director gerente —fue nombrado director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento—, sino Ana Gomendio. Al contrario que Van-Halen, fue imputada por la venta de las viviendas. La adjudicación de ambos contratos fue por 59.000 euros (IVA aparte).

La Cámara de Cuentas destaca que los expedientes de ambos contratos incorporan sendos documentos de justificación del importe del presupuesto de licitación “que carecen de consistencia”. El motivo es que, “pese a incluir diferente número de promociones y de viviendas y distinta dedicación del personal con la categoría de senior manager, estipulan exactamente el mismo número de horas y el mismo coste medio por hora”. “Además”, prosiguen los auditores del organismo fiscalizador, “ambos presupuestos incluyen una partida a tanto alzado de otros gastos de 12.500 euros, con lo que redondean exactamente los 60.000 euros del valor estimado”.

Los expertos de la Cámara también subrayan “la incongruencia” del contrato enfocado en el asesoramiento de los “trabajos preparatorios para el potencial proceso de enajenación de 35 promociones de viviendas en alquiler o en alquiler con opción a compra”. Los auditores destacan que, “estando el presupuesto calculado inicialmente para 35 promociones, se mantiene invariable aunque durante la tramitación se reduce a 22 las promociones que se incluyen en el contrato”.

A su vez, el pliego de cláusulas del otro contrato “no determina cuáles serán los criterios de adjudicación”. En este caso, el órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas, de las que solamente dos concurrieron. “Pese a tratarse de un procedimiento negociado no se produjo negociación con ellas”, apunta la Cámara de Cuentas, que apostilla: “La adjudicación recayó en la proposición más cara de manera discrecional (...). Los mencionados aspectos a negociar no estaban ponderados, ni fijadas las reglas de valoración correspondientes”.

En el procedimiento negociado sin publicidad de septiembre el órgano de contratación invitó a presentarse a dos de las empresas a las que había invitado a participar en el contrato de abril. “Con esta forma de actuar, acerca de la cual el expediente no da ninguna explicación, solamente se obtuvo una oferta válida correspondiente a la adjudicataria del expediente anterior”, sentencia la Cámara.

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