Los juzgados de Valencia tienen 3.000 ordenadores nuevos incompatibles

El mismo día que la presidenta del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha reclamado más medios ante el recorte de presupuesto y el aumento de asuntos que atienden los juzgados, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha revelado que en la Ciudad de la Justicia de Valencia hay "más de 3.000 ordenadores" abandonados a pesar de ser nuevos y estar todavía embalados.

El motivo es que el anterior Gobierno autonómico los compró pero disponen de un sistema operativo más avanzado del que utilizan hoy los juzgados.

Bravo ha realizado el anuncio este jueves en las Cortes valencianas durante la sesión de comparecencias de los nuevos consejeros. Los ordenadores fueron adquiridos, al parecer, por el anterior Ejecutivo popular, que es a quien corresponde proveer de medios materiales a los juzgados, según ha señalado la titular de Justicia.

En contraste con esa falta de uso del material, el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, ha afirmado también este jueves al presentar la memoria que los ordenadores que utiliza el ministerio público en la misma Ciudad de la Justicia tardan hasta 20 minutos en empezar a funcionar desde que se ponen en marcha. "Son obsoletos, muy lentos, se bloquean continuamente y dan numerosos problemas", ha dicho Montabes.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que este año concluye su mandato de cinco años a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida si continúa en el cargo, ha reclamado más medios al Gobierno autonómico. "El voluntarismo solo no sirve. El esfuerzo en una única dirección es claramente insuficiente", ha afirmado De la Oliva.

La magistrada ha señalado que mientras la justicia ha perdido en los últimos años presupuesto, funcionarios y jueces de apoyo, sus profesionales han asistido a un "notabilísimo" aumento de los asuntos en casi todos los órdenes, especialmente los de primera instancia, mercantil y social, los más vinculados a los efectos de la crisis económica. "La ley garantiza nuestra convivencia en paz, pero no solo sirve proclamarla. Tenemos que dotarla de los medios que fija", ha dicho.

De la Oliva, que estos días preside el primer juicio a la trama Gürtel y a dos exconsejeras en el TSJ se ha referido a la corrupción y ha defendido que a pesar de "todas las dificultades", los tribunales "siguen siendo uno de los instrumentos más eficaces contra esta lacra". La magistrada ha citado al presidente del CGPJ en su afirmación de que los jueces en España "están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia ley establece". De la Oliva ha añadido que "la mínima colaboración de la Administración en medios adicionales, discretos, precisos, esenciales, nos hubiera dado mejores resultados, muchos mejores resultados".

El fiscal superior ha señalado, por su parte, que las causas contra aforados (diputados, miembros del Consell, jueces y miembros del ministerio público) se incrementaron el pasado curso judicial un 18% hasta los 70. Pero que en el mismo periodo se redujeron un 22,5% las diligencias por delitos contra la Administración, que son los que engloban los relacionados habitualmente con la corrupción.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha comprometido por su parte a responder a las peticiones de más fondos para la justicia. "No hay democracia sin justicia de calidad", ha afirmado Puig, y esta debe dar una "respuesta rápida" a los ciudadanos.