Cifuentes convertirá Telemadrid en una sociedad anónima

Telemadrid se convertirá en Telemadrid, SA según el proyecto de ley elaborado por el Gobierno regional y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El equilibrio presupuestario de la empresa pública pasa por convertirse en una sociedad anónima, según el PP, frente al ente público que actualmente es y que está compuesto por dos sociedades públicas (Telemadrid y Onda Madrid), lo que obliga, por ejemplo, a convocar una comisión de servicio en caso de que un trabajador de la radio quiera pasar a la televisión. El director general cesará en caso de pérdidas y tendrá que justificar cada trimestre la ejecución del presupuesto.

La conversión de Telemadrid en una sociedad anónima regida por la legislación mercantil es fundamental para el Gobierno de la Comunidad, que busca así garantizar la viabilidad de la cadena de radiotelevisión en una situación económica “en la que el gasto en servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad y atención social es absolutamente prioritario”, señala el proyecto de ley. De hecho, Cifuentes no descarta cerrarla si es deficitaria.

Telemadrid recibirá este ejercicio 68,8 millones de la Comunidad. En este sentido, una de las principales novedades que contiene el proyecto de ley es ampliar de uno a tres años el contrato programa suscrito entre el Consejo de Gobierno y Radio Televisión Madrid, lo que supuestamente contribuirá a la estabilidad presupuestaria del medio.

La nueva empresa pública, que seguirá estando participada al 100% y de forma directa por la Comunidad, tendrá un patrimonio propio, “distinto del de la Comunidad” y formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que Radio Televisión Madrid sea titular.

Radio Televisión Madrid deberá contar con la estructura necesaria para asegurar el cumplimiento de la misión de objetivo público. Podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con las actividades y funciones de aquella, incluidas las de servicio público, sin perjuicio de las limitaciones que en su caso puedan establecerse en la carta básica. La adquisición o pérdida de la participación mayoritaria de Radio Televisión Madrid en el capital social de dichas sociedades requerirá la autorización previa del Consejo de Gobierno. El proyecto especifica que la cadena “no podrá participar, directa o indirectamente, en el capital social de prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual”. La empresa podrá suscribir convenios y acuerdos de colaboración con RTVE y otras entidades de servicio público de noticias, radio y televisión.

Las posibles operaciones de fusión o escisión de la futura compañía pública requerirán el acuerdo favorable del Gobierno regional. La disolución de Radio Televisión Madrid también debería contar con el visto bueno del Ejecutivo autónomo, pero además sería debatida en el Parlamento regional, donde Cifuentes gobierna en minoría tras 20 años de mayorías absolutas del PP.

El director general de Radio Televisión Madrid, según el proyecto de ley, deberá justificar con carácter trimestral la ejecución del presupuesto de la cadena pública. El responsable de la futura empresa rendirá cuentas ante Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y número dos del Ejecutivo autónomo. La ley está abierta a las enmiendas de los partidos de la oposición. La previsión es que sea aprobada antes de que concluya el año.

En caso de que el nuevo modelo de radio y televisión pública no sea sostenible y viable económicamente, el director general cesará del cargo, que tendrá un mandato de seis años (será elegido por una mayoría de dos tercios en la Asamblea de Madrid y podrá ser reelegido una sola vez por el mismo periodo). En concreto, podrá ser destituido en caso de producirse una desviación respecto a la ejecución prevista inicialmente, con el agravante de que se tradujera en un incremento del déficit.

Las causas imputables a la gestión del director general serán el empeoramiento del resultado presupuestario, así como la existencia de “una desviación presupuestaria de las cifras aprobadas para el total de dotaciones” tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital. Del primero se excluirían impuestos y resultados y del segundo la variación del capital circulante. El cese del director general implicará, “en todo caso”, su cese como miembro del Consejo de Administración.

La cadena cerró el año pasado con un superávit presupuestario de 7,5 millones de euros, que se destinaron a financiar las indemnizaciones por la sentencia del Tribunal Supremo que en 2013 declaró improcedente el ERE que causó el despido de 861 trabajadores, el 74% de la plantilla. El Ejecutivo de Cifuentes reconoce de forma implícita la fama que Telemadrid se ha ganado de sesgada durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, también del PP. Así, el “elemento esencial” de la ley “es la despolitización”. El compromiso del Gobierno regional es que la cadena se caracterice por la “pluralidad”, así como por la “implantación de buenas prácticas” en el sector y del “buen gobierno corporativo”. El propósito es que Telemadrid “sea un escaparate en el que reflejarse y en el que se informe de lo que acontece sin filtros interesados y con criterios profesionales”.