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La Xunta admite que paró el traslado al hospital de Vigo por aspergillus

El PP impide investigar la construcción de un centro que la oposición considera "peligroso" y un "negocio para los amiguetes" del partido

Protesta de trabajadores del Sergas este martes a las puertas del Parlamento gallego.
Protesta de trabajadores del Sergas este martes a las puertas del Parlamento gallego.

Un total de 18 días ha tardado el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en admitir la palabra maldita: aspergillus. El hallazgo de este hongo, que provocó en 1996 seis muertos en el hospital Meixoeiro de Vigo, fue el que desencadenó el pasado 28 de agosto la repentina paralización del traslado de pacientes al nuevo complejo hospitalario construido en la mayor ciudad de Galicia, un edificio con un coste de 1.400 millones de euros que se ha decidido poner en marcha cuando aún está en obras y sufre importantes deficiencias y carencias de equipamientos, según multitud de denuncias y testimonios de trabajadores y pacientes. El dato, negado hasta ahora a la oposición, los sindicatos y los medios, ha sido revelado este viernes por cargos sanitarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la rueda de prensa en la que anunciaron que la mudanza se retomará el lunes porque los controles ya garantizan la seguridad de los quirófanos, la UCI y el área de reanimación. Según sus explicaciones, la paralizacion se decidió porque un 10% de las 300 muestras recogidas en estas zonas presentaban "resultados no adecuados" y tres de ellas, aspergillus.

La consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, que ha tachado de alarmistas a quienes apuntaban la presencia de este mircroorganismo en el hospital Álvaro Cunqueiro, ha pasado de puntillas por estos problemas de bioseguridad durante su comparecencia en el Parlamento gallego, en la que defendió con uñas y dientes un proyecto que hace dos semanas sacó a las calles de Vigo a 200.000 manifestantes. Mosquera se ha confesado "tremendamente orgullosa" de la gestión de la construcción y el traslado al nuevo complejo, aunque ha tenido que escuchar por boca de los portavoces de la oposición el contenido de las actas notariales y denuncias públicas de profesionales de servicios como Radiología, Unidad de Trasplantes, Cardiología u Obstetricia sobre las carencias del hospital. "La seguridad está garantizada", ha proclamado Mosquera, quien añade que "las necesidades asistenciales están plenamente atendidas".

Las numerosas protestas no han logrado que la Xunta y el PP muevan un milímetro su apoyo a las empresas privadas que construyeron, supervisaron y ahora explotan el nuevo hospital de Vigo. Los populares han bloqueado este martes también en el Parlamento gallego la petición de una comisión de investigación por parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG, una solicitud que sí ha contado con el respaldo del resto de grupos de la oposición (PSOE y Grupo Mixto). Los socialistas no han dudado en alertar de que el centro hospitalario Álvaro Cunqueiro, que está ocupado a medias por más de 200 pacientes aunque sigue en obras, es “peligroso”. Ni Feijóo ni Mosquera han asistido a este debate parlamentario.

Mientras a las puertas de la Cámara profesionales sanitarios de toda Galicia protestaban por las deficiencias del hospital vigués, el primero y único construido en la comunidad con un modelo de financiación público-privada, la oposición en bloque ha recordado en el hemiciclo los “importantísimos recortes” que ha sufrido un edificio por el que las arcas públicas abonarán 1.400 millones de euros –600 camas menos, eliminación del laboratorio central y unidad de resonancias magnéticas en un camión, entre ellos- y cómo el seguimiento de tan polémicas obras se lo encargó la Xunta a una empresa “creada en la casa de un ex alto cargo del PP con 3.000 euros”, en alusión a la firma de Ana Sánchez, exviceconsejera de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Esperanza Aguirre. La sociedad de Sánchez, ha subrayado Montse Prado (BNG), ha cobrado cuatro millones de euros de la Administración autonómica por vigilar los trabajos “desde las propias dependencias de la concesionaria”, una UTE liderada por Acciona. “Su puerta giratoria, una y otra vez”, ha afirmado Eva Solla (AGE).

PSOE, AGE, BNG y Grupo Mixto se han mostrado unánimemente convencidos de que las deficiencias denunciadas ahora por pacientes y trabajadores, que en el caso de la bioseguridad han obligado a parar la mudanza, son consecuencia de que la Xunta de Feijóo ha gestionado el proyecto “beneficiando descaradamente a la UTE”, como "un negocio para los amiguetes" del PP. "La empresa quiere empezar a cobrar el canon, esa es la razón por la que se hace el traslado como se hace", ha señalado el diputado socialista Abel Losada, en referencia a los 75 millones anuales que empezará a cobrar de la Xunta la UTE ahora que el hospital se ha abierto, según establece el modelo de financiación público-privada.

Los socialistas han llegado a acusar al Gobierno gallego de maniobrar para tapar los problemas del complejo, después de que le fuera detectado aspergillus a una mujer que murió en el centro. La diputada Carmen Acuña ha asegurado que las muestras que se le tomaron a esta paciente fallecida fueron “confiscadas” por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y enviadas a analizar a “una analista amiga y vecina de la consejera” de Sanidad, para “quizás conseguir un informe ad hoc” que descartase que el contagio del hongo se produjera en el Álvaro Cunqueiro. La consejera de Sanidad ha informado de que la Inspección de Servicios Sanitarios investiga este fallecimiento y la "filtración" a los medios de la "historia clínica".

El PP considera que la oposición se dedica a “desprestigiar” el hospital en vez de “empujarlo”. Tanto la consejera Rocío Mosquera como el portavoz de Sanidad de los populares, Miguel Santalices, han eximido de toda culpa a la exviceconsejera de la Comunidad de Madrid en la vigilancia de la seguridad y calidad del complejo y han cargado contra el Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el PSOE, por las desavenencias que mantuvo con la Xunta en la tramitación administrativa del proyecto. “Comisión de investigación, si quieren, en el Ayuntamiento de Vigo, es donde procede hacerla”, ha zanjado Santalices.