Una sanción del Ministerio de Industria pone en vilo 500 empleos

Una sanción del Ministerio de Industria ha puesto en duda la continuidad de la fábrica de la química Inovyn en Martorell, donde trabajan unas 500 personas y que da empleo de forma indirecta a otras 2.000, según datos de la multinacional. La dirección de la compañía anunció esta semana que “los planes de futuro de la planta serán revisados urgentemente” después de que Industria se negara a dar marcha atrás a una penalización que supondrá a la compañía la pérdida de 50 millones de euros en ayudas públicas.

Industria comunicó este verano a Inovyn —uno de los tres mayores fabricantes de plásticos PVC del mundo— que no podría participar en la subasta de interrumpibilidad ni en 2015 ni en 2016 por no haber respetado las condiciones de la anterior. Cada año, la gran industria opta a compensaciones económicas a cambio de reducir su consumo de energía eléctrica durante los picos de demanda, aunque estos son poco frecuentes. Si es Red Eléctrica Española (REE) la que organiza la subasta, el ministerio es el que desembolsa las indemnizaciones para garantizar que los ciudadanos no se queden sin energía en momentos críticos como los días más fríos de invierno.

Pruebas no superadas

La planta de Martorell recibió 23,6 millones de euros en 2014 por este concepto y preveía obtener 25 millones este año y otros 25 el próximo. Algo que el ministro José Manuel Soria descartó el pasado lunes, cuando fue interpelado en el Senado por el socialista José Montilla sobre este tema: “Las empresas que se adhieren a la interrumpibilidad lo hacen conociendo, firmando y aceptando de antemano absolutamente todas las condiciones y obligaciones”.

Inovyn no superó ninguna de las tres pruebas aplicadas por REE a principios de 2015. En realidad, no fue la compañía la que falló sino que Cofely, una proveedora de vapor de agua que opera en sus instalaciones, no realizó las maniobras correctas, según fuentes del comité de empresa. La sanción, sin embargo, se aplica a la química por ser la beneficiaria de la ayuda.

La firma recurrió la decisión, ya que consideraba “injusto” que se le penalizara por la acción de otra. Incluso el Departamento de Empresa de la Generalitat pidió a Industria “sensibilidad para abordar la situación de la planta” al considerar que Inovyn había cumplido “todos los requisitos” de REE y que “los incumplimientos eran imputables a terceros”. La subasta, sin embargo, se realizó el pasado lunes sin que la fábrica de Martorell pudiera participar.

La planta afectada perteneció en exclusiva a la belga Solvay hasta el pasado 1 de julio, cuando la multinacional formó una joint venture con Ineos a la que nombraron Inovyn, que se quedó con este centro producción. Los planes de la nueva compañía para la fábrica incluían una inversión de alrededor de 75 millones de euros para adaptar las instalaciones a la normativa medioambiental. La fábrica debe dejar de utilizar la electrólisis de mercurio y pasarse a la tecnología de membrana antes de diciembre de 2017, ya que no hacerlo significaría perder más de un tercio de su capacidad productiva, según explicaron fuentes de la empresa.

CC OO y UGT pidieron al Gobierno central y al autonómico "una mesa de negociación inmediata para mejorar las posibilidades de futuro" de una compañía que “ha sido capaz de salvar la crisis gracias al esfuerzo de su plantilla”. El personal se manifestará mañana ante la Delegación del Gobierno en Barcelona mientras espera que la dirección decida finalmente sobre el futuro de la empresa.