Los expresidentes de Madrid se quedan sin el sueldo de 5.500 euros

El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) ha aprobado el proyecto de ley para la supresión del Consejo Consultivo, donde los expresidentes regionales Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González (PP) tienen un cargo vitalicio remunerado con 5.500 euros mensuales. Cifuentes remitirá a la Asamblea el documento para que su eliminación se tramite mediante lectura única. “Este procedimiento permitirá agilizar [recortar] los plazos [en sueldos]”, señaló la presidenta de la Comunidad, que espera cerrar el Consejo en unas semanas.

Cifuentes solicitó a principios de julio un informe jurídico a la Abogacía General de la Comunidad para conocer los trámites previos a la supresión del Consejo Consultivo, cuya función es emitir dictámenes para el Ejecutivo autónomo. Su eliminación se convirtió en una de las claves del pacto de investidura con Ciudadanos. La propuesta original del partido de Albert Rivera era “despolitizar” el Consejo y que fuera “un órgano estrictamente técnico”, pero no suprimirlo.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, incluyó el cierre del Consejo Consultivo como condición obligada después de suavizar su postura respecto a la celebración obligatoria de primarias para elegir a los candidatos de los partidos políticos (el PP es el único que no las realiza).

Antes de suavizar su exigencia de primarias, Madrid era la única autonomía donde la exigencia de Ciudadanos era doble: elevar al Congreso de los Diputados una iniciativa para reformar la ley electoral estatal —sería en 2016, después de las elecciones generales, en las que Ciudadanos espera un buen resultado—, y la modificación del Estatuto de Autonomía para regularlas en la legislación de la Comunidad de Madrid. Al final, Ciudadanos se contentó con el compromiso de Cifuentes de celebrarlas. A cambio, Aguado endureció su postura en relación al Consejo Consultivo, que de esta forma quedó sentenciado.

El Consejo Consultivo fue creado en 2007 por Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid entre 2003 y 2012, y la única exdirigente autonómica que no está en el organismo. Madrid fue la última comunidad en crear su Consejo Consultivo, el más caro de todos, con un presupuesto de 4,3 millones anuales, aunque Cifuentes calcula que su cierre supondrá un ahorro de 2,3 millones (básicamente en personal). El sueldo de los 11 miembros del Consejo —nueve vinculados al PP y el resto al PSOE— es de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), coche oficial y un asistente. Lo habitual es que se reúnan una vez por semana en su céntrica sede, situada en la Gran Vía, y cuyo alquiler finaliza en 2016.

Salvo Cantabria, todas las autonomías cuentan con su versión autonómica del Consejo de Estado. Cifuentes explicó que sus funciones las asumirán los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, a través de la creación de una Comisión Asesora Jurídica. Cifuentes no derivará las funciones del Consejo regional al órgano estatal, para no sobrecargarlo y evitar así la demora en la tramitación de las iniciativas legislativas. La presidenta subrayó que la eliminación del Consejo no supondrá “una merma” en los derechos de los madrileños.

La supresión del Consejo conlleva que los expresidentes de Madrid, dos del mismo partido que Cifuentes, dejen de cobrar la remuneración que venían percibiendo en lo que la oposición —y dentro del mismo PP— consideraban un retiro dorado. El Consejo Consultivo destina en la actualidad 1,2 millones a las nóminas de 28 funcionarios, 960.000 euros a los 11 consejeros y 140.000 euros a los eventuales.

“El futuro de los expresidentes es algo que tenemos que abordar para ver qué tipo de status o reconocimiento se les va a dar”, expresó Cifuentes, que no tiene claro blindar con un status (y salario) especial a sus predecesores al frente de la Comunidad de Madrid. González, que sucedió como presidente autonómico a Aguirre en septiembre de 2012 tras la dimisión de esta, fue el último en incorporarse al organismo. Lo hizo a principios de julio, mientras Cifuentes estudiaba cómo disolverlo, apelando a su condición de consejero permanente como Leguina y Gallardón. El artículo 7 de la Ley 6/2007, que regula el Consejo Consultivo de Madrid, establece que los expresidentes autonómicos “podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad”.

Antes que González, Gallardón ingresó en el Consejo en septiembre de 2014; no habían pasado 48 horas de su renuncia como ministro de Justicia, diputado nacional y miembro del Comité Ejecutivo nacional del PP, tras quedarse solo en su defensa de la polémica reforma de la ley del aborto.

“La decisión [de suprimirlo] estaba asumida por todos desde el momento en que se plasma en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Hemos optado por esta tramitación por la simplicidad del proyecto de ley, no tiene sentido alargar el proceso”, declaró Cifuentes en alusión al malestar de Leguina, Gallardón y González. La dirigente abordará el rol de los expresidentes autonómicos con los partidos de la oposición, “específicamente” con Ciudadanos. Su intención es realizar una comparativa del trato a los exmandatarios de otras comunidades autónomas y otros países. “Trataremos de aplicar el sentido común”, zanjó la presidenta madrileña.