La Generalitat dice que el PP responde con “represión y amenazas”a Mas
La vicepresidenta dice que el Gobierno es el mayor incumplidor de las sentencias del Constitucional
La Generalitat considera que la propuesta del PP para reformar la ley que regula el Tribunal Constitucional es “un acto electoral” y “una muestra más del uso de las instituciones del Estado” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. La Administración catalana acusó este martes al Ejecutivo central de incumplir de manera “sistemática y reiterada” las sentencias dictadas por el alto tribunal y de responder con “represión y amenazas” al desafío soberanista de Artur Mas.
La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté, reaccionó de manera inmediata a la propuesta del PP de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para otorgar a este organismo la capacidad de sancionar por el incumplimiento de las sentencias que dicte. Al acabar la reunión semanal del Ejecutivo que preside Artur Mas y antes de dar paso a las preguntas de los periodistas, la portavoz del Gobierno catalán descalificó con contundencia la iniciativa del grupo parlamentario popular y la calificó de “un acto electoral”.
Munté explicó que a la reunión de los parlamentarios del PP en la que se anunció la propuesta acudió el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, que no tiene acta de diputado en el Congreso, y mostró su sorpresa por ello. En esa línea, arremetió contra Albiol, por haber asegurado con su habitual tono campechano que la propuesta del PP era una demostración de que “la broma se ha acabado”, en referencia al proyecto independentista impulsado por Artur Mas.
“Lo que está haciendo Cataluña no es ninguna broma, es un clamor de democracia y la respuesta del Estado es la represión, la amenaza y el miedo”, replicó Munté.
El PSC y Unió se suman al rechazo
Los socialistas catalanes, Unió Democràtica y Catalunya Sí que es Pot coincidieron en rechazar la propuesta de modificación del PP.
"Es sectaria, oportunista y electoralista", aseguró el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, tras recordar que el PP anunció su iniciativa parlamentaria con su candidato a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol. Por ello, el líder socialista aseguró que era "imposible" que el PSC pueda "acompañar al PP en esa discusión de esa manera".
Por su parte, Josep Antoni Duran Lleida realizó varios comentarios en Twitter en contra de la iniciativa. "El PP y los independentistas, a golpe de ver quién saca más pecho, se olvidan de los que sufren la incapacidad de diálogo: la ciudadanía", aseguró en uno de sus mensajes. "Es poco inteligente pensar que una multa puede resolver lo que está pasando en Cataluña", dijo en otro.
Lluis Rabell, candidato de la lista de izquierdas Catalunya sí que es Pot, lamentó que "mientras la sociedad pide más democracia, el PP responda con reformas del Tribunal Constitucional, leyes mordaza y recortes de derechos".
De manera muy distinta reaccionó el candidato del PP a la Generalitat. "Sorprende el nerviosismo y el ataque de histeria en algunos casos, cuando lo que estamos planteando es algo que cualquier persona entiende, que es que cuando hay una resolución judicial, sea del órgano que sea y guste o no, se tiene que cumplir", declaró Xavier García Albiol.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno catalán dudó de la constitucionalidad de la propuesta parlamentaria del PP y expresó la “sorpresa” de la Generalitat ante tal iniciativa porque “el Gobierno del Estado es quien incumple reiteradamente numerosas sentencias del Constitucional”, dijo.
Munté, que es también consejera de Bienestar Social y Familia, recordó que la Generalitat ha contabilizado en los últimos ocho años el incumplimiento por parte del Gobierno central de un total de 11 sentencias referidas a temas de servicios sociales en las que se daba la razón a la Administración autonómica en diversos litigios con el Estado sobre quién era la Administración competente en algunas cuestiones.
Munté citó, a modo de ejemplo, la sentencia que atribuye a la Generalitat la capacidad de gestionar las subvenciones para programas con fines sociales procedentes de los contribuyentes catalanes que marcan la casilla del 0,7% del IRPF al realizar la declaración de la renta. La sentencia a la que se refería la vicepresidenta fue dictada en su día por el Tribunal Supremo, no por el Constitucional, y la Generalitat ha venido reclamando su cumplimiento desde entonces con poco éxito.
Incumplimientos
“El Gobierno español incumple las sentencias y son las entidades sociales y las personas quienes sufren las consecuencias", añadió Munté, quien consideró que le parecía “un claro acto inconstitucional” la reforma que propone el PP. Al parecer de la Generalitat, la reforma de la ley que regula las competencias del Tribunal Constitucional que proponen los populares únicamente supone “represión y endurecimiento” por la imposición de multas y la posibilidad de inhabilitación de cargos públicos.
Por ello, añadió que la Generalitat “no se siente aludida por este clamor del Gobierno cuando habla de incumplimientos de sentencias”, pues la administración catalana entiende que “quien se lleva la palma es el Gobierno del Estado”. Finalmente, Munté, aseguró que “no sabemos si está desarrollada la propuesta que hace el PP o solamente se busca un titular”.
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