La política remueve de nuevo el agua

El manto monocolor del Partido Popular que cubría las mayoría de Administraciones españolas se rasgó el pasado mes de mayo con las elecciones autonómicas y municipales. Y, aunque entonces nadie le prestó atención, por esa brecha que desalojó a María Dolores de Cospedal del Gobierno de Castilla-La Mancha se empezó a filtrar el agua. Su sucesor, el socialista Emiliano García Page, ha decidido, nuevamente, poner en cuestión la viabilidad del trasvase Tajo-Segura y el memorándum que firmó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy con las comunidades autónomas con intereses en estas cuencas, entonces gobernadas todas por su partido. Un memorándum que fija negro sobre blanco en qué condiciones se pueden realizar trasvases desde la cabecera del Tajo a la cuenca mediterránea y en qué condiciones no. Unas condiciones que, si Castilla-La Mancha cumple, acabaran por interpretar los jueces anotando un nuevo fracaso en la casilla de la política.

Desde mediados de agosto, el Gobierno castellano manchego y los socialistas de la región se desgañitan con la esperanza de que el debate hídrico se haga un hueco en la agenda política nacional. Sin embargo, hasta ahora solo han encontrado un leve eco en cargos del PP de Valencia y Murcia, prestos siempre a esgrimir el argumento de la división interna del PSOE. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha llegado a pedir a los dirigentes del PSOE explicaciones sobre el cumplimiento de un memorándum cuya aplicación debe garantizar la Administración a la que él representa.

Asegura García-Page que no quiere reabrir ninguna guerra del agua, pero el portavoz de su Gobierno, Nacho Hernando, no duda al afirmar: “Este no es un debate interno de ningún partido, es un debate de territorios”. Un argumento propio de políticos epígonos cuando lo que se lleva ahora es anteponer los derechos de las personas a los de los territorios.

El agua que se trasvasa del Tajo al Segura en épocas de sequía abastece a 2,5 millones de personas de Murcia, Almería y Alicante y a unos 80.000 regantes para mantener 132.000 hectáreas de cultivo que serían inviables con agua desalada. Un agua dependiente de las lluvias y que, cuando la hay en abundancia, también estimula la economía de la zona donde se ubican los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del río.

La reapertura de una nueva guerra siempre genera preocupación entre los afectados, pero en esta ocasión también ha generado hastío. Hartos de que los políticos lleven décadas utilizando un tema tan sensible como el agua para cosechar votos, los regantes de uno y otro lado de la cuenca reclaman soluciones racionales y estables que pongan fin a la desazón que les invade en periodo estival con cada sequía. Muchos de ellos llevan décadas asistiendo periódicamente a las broncas políticas sobre la pervivencia del trasvase del Tajo al Segura, pero también con el blindaje de la cuenca del Ebro, que es uno de los ríos que más agua echa al mar. Han escuchado a decenas de dirigentes desde José Bono a Emiliano García Page, pasando por Joan Lerma, Luisa Fernanda Rudi, Jordi Pujol, Dolores de Cospedal, Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel… Quizá por eso, cuando muchos vecinos de Castilla-La Mancha, Valencia o Murcia oyen ¡agua! ¡agua! Interpretan el grito como los manteros cuando aparece la policía y echan todos a correr.