El Gobierno recuerda que reabrirá Castor si hay informes favorables

El capítulo Castor no está cerrado. El Gobierno ha recordado que reabrirá el almacén de gas subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs (Castellón) si hay estudios favorables que garanticen su viabilidad.

El Ejecutivo paralizó los trabajos en esta planta a raíz de la crisis sísmica producida en la zona y ratificó la paralización tras los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que concluyeron que hubo “relación directa” entre los movimientos y la inyección de gas.

Castor está en hibernación a raíz del real decreto-ley de 3 de octubre de 2014, que fijó además el pago de 1.350,7 millones a la propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS). Este documento ya avanzó que la plataforma podría abrirse si los estudios técnicos garantizaban que había seguridad. Ahora el Gobierno lo reitera insiste en que los informes del IGME y del IGN no son concluyentes.

“La situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros”. Esta ha sido la respuesta que el Gobierno ha enviado a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDS) en el Congreso Lourdes Ciurò.

En la respuesta parlamentaria se repiten los argumentos plasmados en aquel real decreto-ley al insistir en que Castor “mantiene el interés estratégico” por “formar parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español, cuyo abastecimiento depende fundamentalmente de los suministros exteriores, y por consiguiente, la utilidad pública de dicho almacenamiento, así como la imputación de los costes e ingresos al sistema gasista”. El responsable de realizar estos estudios es la sociedad Enagás, a quien se le ha asignado la gestión, mantenimiento y operatividad de la plataforma.

La decisión definitiva sobre qué hacer con la planta (si reabrirla o desmantelarla) se tomará dependiendo de estos estudios. En el caso de optar por la primara opción, el Gobierno estableció en octubre de 2014 que las instalaciones se integrarían en una nueva concesión de explotación mediante un procedimiento público de concurrencia competitiva.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno en qué estado se encuentran las acciones del Ejecutivo para depurar responsabilidades personales y patrimoniales hacia los promotores del proyecto Castor. "Tanto de los políticos que se empecinaron en hacerlo posible, como de los magnates empresariales autores materiales del mismo", ha destacado este martes en un comunicado.

El senador ha señalado que si la respuesta a su pregunta es "que no se está haciendo nada" significará que el Gobierno de Mariano Rajoy "se autoinculpa moralmente a ser corresponsable con los ejecutivos de Aznar y Zapatero (la concesión se realizó en 2008, bajo mandato socialista), que bendijeron e hicieron posible un proyecto faraónico e innecesario que puso en jaque todo el sector económico de las comarcas del norte del País Valencià, que amenazó a la ciudadanía con centenares de movimientos sísmicos, y que ahora ha supuesto un atraco a mano armada a los sufridos ciudadanos que tendrán que pagar, supuestamente, la factura por la indemnización".

El pago por el que pregunta el senador Mulet fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE, el Parlamento catalán y la Generalitat catalana. Los tres recursos fueron admitidos a trámite. No es el único frente judicial. El juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs mantiene abierta una causa por las supuestas irregularidades en la tramitación de los permisos.

Hay imputadas 18 personas entre excargos y funcionarios de los ministerios de Industria y Medio Ambiente por presuntos delitos de prevaricación ambienta, contra el medio ambiente y los recursos naturales. También está imputada la cúpula empresarial del Castor. Varias asociaciones han pedido personarse en la causa, cuya instrucción no avanza a la espera de la digitalización de todos los documentos. El juzgado tampoco se ha pronunciado sobre la petición para que el ‘caso Castor’ se instruya en Madrid. Esta investigación, no obstante, se centra en la tramitación y no en el pago de la indemnización.