Alicante elimina dos macroproyectos del constructor Enrique Ortiz

No ha sido una semana buena para el constructor Enrique Ortiz, omnipresente en otro tiempo en los principales proyectos urbanísticos de la provincia de Alicante y personaje destacado e investigado en sumarios judiciales como los casos Brugal o Gürtel. La decisión de Alicante y Benidorm de desmarcarse de dos macroproyectos que suman casi tres millones de metros cuadrados es el último de una serie de enfrentamientos que varios municipios mantienen con un empresario cuya estrella brilla con mucha menos intensidad que nunca desde que hace décadas comenzara su ascenso fulgurante amparado por gobiernos del PP.

Quien fuera el promotor de cabecera de muchas alcaldías desde mediados de la década de los 90, el hombre que iba a fiestas de pijama con la exalcaldesa alicantina Sonia Castedo, ve cómo languidecen algunos de los planes que acumuló durante el auge del sector de la construcción en los distintos municipios alicantinos. Las decisiones de las distintas administraciones alicantinas en los últimos tiempos demuestran cómo se le ha retirado el favor a un empresario que ha llegado a ser uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, así como el único investigado en las dos principales tramas de corrupción valencianas.

El de esta semana ha sido un jueves negro para Ortiz: Alicante ha pedido al Consell la retirada de la Actuación Territorial Estratégica de más de 2 millones de metros cuadrados que planeaba el constructor en el barrio alicantino de Rabassa, una actuación investigada en los juzgados en una causa en la que está imputada la exalcaldesa Sonia Castedo junto al empresario. Y Benidorm, ha rescindido un contrato para urbanizar 667.000 metros cuadrados de superficie en el principal espacio que queda por desarrollar en la ciudad de los rascacielos y donde estaban planeados entre 16 y 20 torres de más de 35 plantas con unas 3.800 viviendas.

Estas dos medidas se suman a las de otros municipios que se han enfrentado a Ortiz en los últimos tiempos. Sant Vicent del Raspeig le reclama 2,3 millones por renunciar a gestionar unos aparcamientos que abandonó al no encontrarles rentabilidad. Alcoi litiga contra él por las obras de un bulevar, mientras la Fiscalía investiga posibles sobrecostes en la obra del teatro Calderón y Compromís demanda revisar las actuaciones del promotor en la capital de la montaña alicantina.

La voracidad del constructor en la provincia de Alicante le hizo acumular proyectos que hoy se han tornado en quebraderos de cabeza para el empresario. Las escuchas policiales del Brugal, investigación que puso el foco en una trama político-empresarial de basuras e intereses urbanísticos, evidencian esa voluntad por acaparar. “Soy la polla insaciable”, frase que le dijo a otro empresario tras recibir una adjudicación en Valencia de 35 millones, es uno de sus grandes hitos de las escuchas junto a “prefiero quedarme en casa y quedarme con todo”. Esta última, según le contó a un empleado suyo en 2008, fue la respuesta que dio al exconseller José Ramón García Antón cuando este le instó a buscar negocio fuera de la Comunidad Valenciana al estar acaparando tanta obra pública.

Aquellos años en los que Ortiz no tenía rival en los concursos a los que se presentaba (situación denunciada por Cepyme), ni problemas para renovar contratas siempre al alza, parecen llegar a su fin. En Alicante, donde es el contratista municipal que más factura, el nuevo tripartito conformado por PSOE, Guanyar y Compromís ha habilitado inspectores que vigilen el cumplimiento de las contratas que ostenta, como la de la recogida de basuras y limpieza de la ciudad. A aquel concurso, pese a estar en juego más de 400 millones durante 12 años, solo se presentó él con una unión temporal de empresas. La oposición al completo usó esa circunstancia para denunciar la poca competición existente en los concursos públicos de una ciudad también considerada, según la Organización de Consumidores y Usuarios, como una de las más sucias de España.