"Si no fuera por la casa social, estaría pidiendo dinero en la calle"

A Amelia, una mujer de 71 años que no quiere dar su apellido, le llegó una carta que cambió su vida en el mes de julio de 2013: la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) le indicaba que tenía que firmar un nuevo contrato en 15 días si quería seguir en el piso de la calle de Calatrava en el que vive con un alquiler social desde 2007. "Fue terrible. Me asusté porque pensé que me iban a echar. Tuve miedo y fui corriendo a la EMVS. Allí me hicieron un contrato nuevo por el que pago el doble", dice Amelia, que todos los meses se deja 230 euros en el piso, 140 más de los que abonaba antes.

Amelia es una de las 2.086 familias que viven de alquiler en pisos sociales en Madrid y que podrán permanecer en ellos sin miedo a ser desahuciados por la venta de los mismos a fondos de inversión, según anunció este lunes la alcaldesa, Manuela Carmena. La decisión llega después de la lucha que emprendió la asociación Yo no me voy, en la que participan 220 familias afectadas por la venta —que no se llegó a realizar— de cinco inmuebles a fondos buitre por parte de la anterior Corporación municipal.

Para Amelia, que se unió a la plataforma en cuanto la conoció y que tiene una pensión de 900 euros mensuales, la subida del alquiler es la diferencia entre lo que se puede permitir y lo que no. "Parece que con mi pensión me sobra, pero entre los gastos de medicación, los taxis a urgencias cuando me pongo mala y que no tengo ni hijos ni pareja, me vi en la calle", cuenta pocas horas después de enterarse del anuncio de Carmena: "Parece que esta crueldad no va a continuar. Desde Yo no me voy me han dicho que esté tranquila, que pronto volveré a tener el alquiler de antes, pero aún no sé nada porque estas cosas llevan su tiempo".

En la plataforma, como Amelia, también participa Aurelia Velázquez, de 69 años. Velázquez, que vive en una corrala en la calle de Lavapiés desde 1999, recibió en diciembre del año pasado un burofax de la EMVS en el que le indicaban que tenía que firmar un contrato nuevo porque el anterior se iba a anular. "No lo hice porque mi contrato se renovaba automáticamente [por el Real Decreto 100/86, siempre que la renta familiar no rebase los 1.330 euros y no se tenga en propiedad ningún inmueble en la Comunidad de Madrid] con las mismas condiciones", cuenta. Velázquez, que cobra una pensión de 300 euros, paga 70 de alquiler más los gastos de comunidad. "Lamentablemente, mucha gente firmó por miedo, y estas viviendas son la única oportunidad que tienen de vivir dignamente. Yo, si no fuera por esto, estaría pidiendo en la calle", añade.

Como Velázquez, Rafael Olmo, de 58 años, tampoco firmó un nuevo contrato cuando en octubre de 2012 dos asistentes sociales de la EMVS fueron a visitarlo a su casa. "Pago 120 euros y me querían ofrecer un nuevo contrato por más de 300 euros con una ayuda, independiente del contrato, que acababa en un año", cuenta. Velázquez, que además de afectado es secretario de Yo no me voy, fue uno de los vecinos que lideró la organización de las familias que residen en los edificios que se pretendían vender a un fondo buitre. "Tenemos el compromiso de Carmena de que incluirá una cláusula en los nuevos contratos de alquiler para que esto no vuelva a suceder. Espero que sea cierto", zanja.