Mas intenta que el BCE le dé licencia para abrir un banco público catalán

Artur Mas sigue preparando el terreno para las elecciones del 27-S. El Gobierno catalán aprobó ayer por decreto la adaptación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a la normativa europea, uno de los últimos pasos necesarios para convertirlo en un banco público. La entidad, sin embargo, aún no cuenta con ficha bancaria, que depende del Banco Central Europeo, previo informe del supervisor estatal.

Solo un día después de que Mas presentara su modelo de agencia tributaria para una hipotética Cataluña independiente, el Consejo Ejecutivo preparó ayer los últimos trámites para que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) pueda pedir la ficha bancaria al supervisor europeo. La pretensión del Govern es que el organismo de crédito pueda operar como banco público, para lo que necesita cumplir con la normativa comunitaria y obtener la licencia para operar. El decreto ley aprobado ayer encarrila la primera condición, mientras que la segunda queda en manos del Banco Central Europeo y el Banco de España.

La creación de un banco público catalán —que sería similar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscrito al Ministerio de Economía— es otra de las llamadas “estructuras de Estado” que acordaron CiU y ERC en los pactos de estabilidad parlamentaria. El Gobierno catalán preveía obtener la ficha bancaria en 2015, pero ayer el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, explicó que no se ha fijado un plazo para pedirla. La institución, dijo, debe esperar a que se defina toda la normativa europea en materia bancaria y a que el Mecanismo Único de Supervisión examine a más de 5.800 entidades pequeñas.

Sanromà afirmó que el decreto ley que el Ejecutivo autónomo aprobó ayer supone que a partir de ahora “se aplique la normativa de las entidades de crédito por obligación”, se constituya una Junta de Gobierno (equivalente al Consejo de Administración) con mayoría de independientes y el ICF se rija con “independencia” económica y presupuestaria respecto a la Generalitat. En otras palabras, el Gobierno catalán será accionista del ICF, pero no podrá ir más allá de fijar su límite de endeudamiento anual y marcar líneas generales en sus políticas.

El último paso —aparte de ir aplicando las circulares que va emitiendo el Banco de España— sería cambiar la composición de los órganos de gobierno. Ahora la Junta de Gobierno está formada por 10 representantes del Ejecutivo catalán, tres independientes y el consejero delegado. Con el decreto ley de ayer estará integrado por el consejero delegado, seis consejeros independientes y cuatro miembros de la Administración. El ICF prevé que los nombramientos, para un plazo de “cuatro o cinco años”, se produzcan en agosto, es decir, que los efectúe el actual Ejecutivo de Artur Mas.

'Bono basura'

Con estos pasos, Sanromà aseguró que el Gobierno catalán lo tendrá prácticamente todo “listo” para pedir la licencia, aunque dijo que hasta que el panorama bancario europeo no esté despejado no tiene sentido tramitarla porque quedaría “congelada”. El decreto ley fija que el ICF se regirá por “criterios de mercado”, para lo que necesita mejorar su calificación crediticia. Sanromà recordó ayer que el rating del banco está ahora vinculado al de la Generalitat, que en este momento tiene una calificación de bono basura.

El proceso de bancarización del ICF no solo tiene que ver con la creación de las “estructuras de Estado”. De hecho, Sanromà dijo que no consideraba al banco público como tal porque no aparece en el libro blanco elaborado por el consejo asesor de Mas; con ese argumento, confió en que ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo pongan problemas a la solicitud de la ficha.

En 2011, en la etapa más crítica para las finanzas públicas catalanas, Bruselas amenazó a la Generalitat a obligarla a asumir la deuda del ICF al considerar que no actuaba con autonomía respecto al Ejecutivo de Mas. La Comisión Europea recelaba de la entidad después de que la Generalitat le hiciera asumir los créditos para que empresas públicas y privadas inyectaran capital en el fallido proyecto de Spanair, que acabó tragándose 223,9 millones de euros de los contribuyentes.

El consejero delegado del ICF recordó que en la UE hay varios modelos de bancos públicos y que desde 2014 la entidad catalana forma parte de la asociación que los integra. Sanromà puso como ejemplo el NRW Bank de Düsseldorf (Alemania), que gestiona unos activos de 144.000 millones. El banco de la Generalitat, de hecho, se ve reflejado en el modelo de esa entidad, del Bpifrance (Francia), del Strategic Banking Corporation of Ireland o del British Business Bank.