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Justicia hará un plan de choque para mejorar las condiciones de trabajo

Bravo anuncia mejoras en los aires acondicionados

La Generalitat recuperará los 15 juzgados a los que renunció Camps

La presidenta del Tribunal Superior valenciano, Pilar de la Oliva, en el centro, en la reunión con la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, a la derecha. Ampliar foto
La presidenta del Tribunal Superior valenciano, Pilar de la Oliva, en el centro, en la reunión con la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, a la derecha.

Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, ha anunciado este lunes "un plan de choque" para mejorar las condiciones de trabajo en juzgados y otras dependencias de su departamento. En las últimas semanas se han producido quejas por los fallos en el aire acondicionado en la Ciudad de la Justicia de Valencia y por la aparición de pulgas en los juzgados de guardia de la misma ciudad.

Bravo ha considerado prioritaria esa intervención y la ha relacionado con la normativa de seguridad laboral tras reunirse con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva. "Me comprometo", ha dicho la consejera, "a garantizar condiciones dignas de trabajo, no se puede trabajar a 50 grados, no se debe tolerar trabajar bajo esas condiciones", ha afirmado.

La nueva consejera también ha asegurado que su departamento va a buscar vías que permitan abrir "progresivamente" los 15 nuevos juzgados a los que reunió el Consell del entonces presidente Francisco Camps en 2010 después de que los hubiera aprobado el Ministerio de Justicia. Dadas las dificultades presupuestarias de la Generalitat, Bravo ha afirmado que no será posible abrirlos todos como tales en un breve tiempo, pero sí duplicar juzgados e introducir refuerzos en los órganos más saturados.

El Poder Judicial calculó que abrir un juzgado cuesta 300.000 euros. Los 15 pendientes costarían 4,5 millones y la Generalitat carece ahora de los recursos necesarios

"Trabajaremos con el Consejo General del Poder Judicial y nos reuniremos con el Ministerio de Justicia para buscar fórmulas. Aunque no podamos poner en marcha los 15 juzgados sí podemos contar progresivamente con ese potencial, ese colectivo tan importante", ha dicho Bravo.

El Poder Judicial, del que Bravo fue portavoz, estimó hace unos años en 300.000 euros el coste de poner en marcha un nuevo juzgado. Los 15 previstos costarían por tanto unos 4,5 millones de euros, algo inabordable directamente para la Generalitat valenciana ante la "situación económica" en que se encuentra la Administración autonómica, ha señalado Bravo. La consejera ha añadido que las inversiones empezarán una vez cuente con un "diagnóstico" sobre dónde hay que priorizarlas.

Mejorar la situación del gabinete psicosocial de los juzgados, que son los que emiten los informes en los que se basan los jueces para decidir, por ejemplo, sobre la situación en la que deben quedar menores en casos de divorcio o conflicto entre los progenitores también ha sido considerado urgente por Bravo y De la Oliva. "Faltan profesionales y ello redunda negativamente en los plazos para emitir los informes", ha reconocido la consejera. Bravo ha afirmado que los informes no considerados "urgentes" se demoran hasta nueve meses en Valencia. "Lo ideal es que se expidan en menos de un mes. Hay que reducir los plazos", ha añadido.

Bravo promete mejorar la situación de los letrados del turno de oficio: "Necesitamos profesionales motivados y bien retribuidos"

En los partidos judiciales que no disponen de gabinetes psicosociales, Bravo ha afirmado que se buscarán acuerdos con la Consejería de Bienestar Social y Ayuntamientos para cubrir esta necesidad.

Bravo ha abordado también, en una de sus primeras comparecencias ante la prensa desde que fue nombrada consejera por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, otro de los asuntos que más críticas les valieron a sus predecesores dentro del mundo judicial. La situación de los abogados del turno de oficio, que llevan años quejándose de la escasa retribución que reciben por garantizar la asistencia letrada gratuita que se desprende de la Constitución.

"Necesitamos profesionales motivados y bien retribuidos, además de especializados y bien formados. Y van a tener en la consejería el apoyo necesario porque es la única fórmula de garantizar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva", ha declarado Bravo.