La ONCE pide criterios de accesibilidad en la norma de terrazas

La aplicación de la ordenanza de terrazas pactada por CiU y PP en el mandato anterior tiene a los restauradores en pie de guerra. A pesar de que tuvieron un año de moratoria para hacer los cambios oportunos y recibir la visita de los técnicos, parece como si los dueños hubieran descubierto, de golpe, que existía la norma. El Ayuntamiento que encabeza Ada Colau ya ha extendido la mano para negociar el texto vigente. Las entidades que aglutinan a las personas con discapacidad piden estar presentes en el debate y tienen una petición propia: que se mantengan los criterios de accesibilidad.

El debate sobre las terrazas trasciende lo económico y afecta a la accesibilidad de la ciudad. “La ley estatal fija que la distancia mínima entre la fachada y el primer elemento de mobiliario [silla, banco, farola] tiene que ser 1,50 metros”, recuerda Dolores Luna, jefa de la unidad de autonomía personal de la ONCE Cataluña. La distancia se aumentó en 30 centímetros gracias a una alegación del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad y del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. La nueva medida (1,80 metros) permite que pasen dos sillas de ruedas a la vez.

Esa distancia se tiene en cuenta en todos los cálculos para encajar las terrazas en las aceras y plazas. Hay unas 4.600 con licencia. Las entidades, sin embargo, no quedaron del todo contentas. Uno de los temas que la normativa no prohibió son las terrazas adosadas a la fachada (se pueden poner en chaflanes), algo que desde la ONCE ven “peligroso” e ilegal. La normativa matiza que solo se pueden desplegar en las llamadas ordenaciones singulares.

La ordenanza busca garantizar que el 50% de la acera quede libre para el paso de peatones. Uno de sus puntos polémicos fue la creación del módulo reducido, es decir, pasar de una mesa con cuatro sillas a una de solo dos, que permite poner estas instalaciones en aceras estrechas sin saltarse la ley. Una jugada que la oposición criticó en su día por considerar que abría el grifo en lugares como Ciutat Vella.

Encajar una terraza en determinado espacio es un juego de cálculos. Además de la distancia a la fachada —la ley catalana de accesibilidad aún no ha desarrollado su reglamento y medidas propias— el consistorio de Xavier Trias fijó medidas específicas de distancia de las terrazas con los elementos del mobiliario urbano, como las farolas, las estaciones del Bicing o las paradas de autobús. Todo para evitar conflictos en la accesibilidad y despejar el paisaje. Por ejemplo, las distancias a una parada de autobús tienen que ser de cinco metros. El mínimo libre para una señal para peatones es de dos metros.

El gremio de restauración, según su vicepresidente Roger Pallarols, agradece que Colau se abra al debate. El margen, sin embargo, es estrecho. Una muestra son las alegaciones que la actual teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, presentó al proyecto inicial, sin distinguir entre distritos. Sanz consideraba que la distancia inicial de 1,5 metros “no era suficiente para la circulación simultánea de personas en silla de ruedas, coches de la compra o carritos de bebé” y pedía ampliarlo a 2,2 metros. También pedía que se prohibieran la instalación de mamparas y los paravientos por considerar que “aumentan la percepción de privatización del espacio público”.

“Son muchos aspectos a negociar, queremos volver a participar en la discusión y que se escuchen nuestras peticiones”, finaliza Luna. Tanto PSC como Iniciativa pidieron durante la pasada tramitación un informe no perceptivo del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad para certificar que la norma se ajustaba a los criterios de accesibilidad de la ciudad. Sanz también pedía entonces que la incidencia en la accesibilidad fuera un criterio obligatorio para otorgar la licencia.