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Los restauradores recurren 2.200 cartas para frenar el cierre de terrazas

Colau dice que centrará las inspecciones en las zonas más sensibles

CiU acusa a la alcaldesa de doblegarse ante los "lobbies"

Terraza en la Rambla de Barcelona.
Terraza en la Rambla de Barcelona.

Ante la evidencia de que el Ayuntamiento no puede dejar de aplicar la ley, el gremio de restauración de Barcelona intenta congelar como sea la amenaza que la ordenanza de terrazas supone para la campaña de verano de los bares y terrazas. Para evitar las 1.169 multas y las 844 órdenes de retirada de mesas, el Gremio ha realizado una maniobra doble. Por un lado, cada uno de los 2.200 restauradores que han recibido una carta de apercibimiento ha impugnado su carta en base a un modelo facilitado por el propio gremio. Y por otra, el propio Gremio ha impugnado globalmente el proceso. El Ayuntamiento sostiene que tratándose de una ordenanza no puede dictar una moratoria de su aplicación y que la única forma de modificarla es redactando una nueva.

La contundente acción del Gremio de impugnar todo el procedimiento administrativo que amenaza la continuidad de las terrazas, se produce justo el día en el que el gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, ha anunciado el acuerdo con ERC y PSC para convocar un pleno extraordinario que entre otras cuestiones tratará sobre la ordenanza. Una norma que fue aprobada en el pasado mandato por CiU y el PP y cuya primera fase, la que afecta a las distancias entre las mesas y el mobiliario urbano, entró en vigor el pasado mes de enero. "Está claro que la ordenanza no funciona, porque de 4.500 terrazas, solo 1.600 cumplen", ha defendido Colau.

Durante esta frenética mañana en el Ayuntamiento de Barcelona, el presidente del gremio, Pere Chias, y su vicepresidente, Roger Pallarols, se han reunido con la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y el concejal de empresa, Agustí Colom. "El gremio se muestra esperanzado con la recuperación del diálogo con el nuevo gobierno de la ciudad y se ofrece a participar activamente en la construcción de un consenso amplio, en torno a las terrazas".

Unas horas antes, la propia alcaldesa, Ada Colau, había recordado la imposibilidad de "dar instrucciones para no aplicar la ordenanza, que hay que aplicar por imperativo legal". La alcaldesa ha afirmado, con todo, que es posible "tener cierta flexibilidad a la hora de elegir donde se pone el foco de las inspecciones, en los lugares más sensibles donde hay conflicto".

Los grupos municipales de Barcelona de CiU, C's, PP y CUP han pedido este viernes al gobierno de Ada Colau más decisiones efectivas y con contenido y menos declaraciones, después de que haya convocado con el apoyo de ERC y del PSC un pleno extraordinario sobre pobreza, turismo y terrazas para el próximo viernes , pero todavía no haya registrado las propuestas. Tiene de plazo hasta el lunes.

El portavoz de CiU, Joaquim Forn, ha criticado en declaraciones a los periodistas que no pueden opinar sobre las propuestas "por la falta de información y de concreción" --algo que dice que no es la primera vez que ocurre en este mandato--, pero ha remarcado su voluntad de colaborar con el Gobierno municipal en los grandes temas de ciudad, como son los  que se abordarán en el pleno.

Sobre terrazas, Forn ha resaltado que partidos que ahora abogan por modificar la ordenanza la criticaron por poco restrictiva en su proceso de aprobación  --en referencia a PSC e ICV, ahora integrada en BComú--, por lo que considera que Colau se ha "doblegado a los intereses de los lobbies" de la restauración, algo que ve como una falta de criterio.