Dancausa pide a los Ayuntamientos que acaben con las ‘kundas’

La reunión de la mesa de Seguridad de la Cañada Real Galiana, tras las elecciones del pasado 24 de mayo, puso ayer un objetivo claro: acabar con las kundas, coches que transportan a los toxicómanos a los puntos de venta, en especial a la Cañada Real Galiana (Villa de Vallecas). Ahora los Ayuntamientos disponen de un artículo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para denunciar a estos conductores e incluso decomisarles el vehículo si continúan con esta actividad ilícita.

En la reunión estuvieron los nuevos representantes de las Administraciones tras los comicios autonómicos y locales. De hecho, se esperó a su celebración a que se constituyeran las distintas Corporaciones para realizarla. Acudieron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada de su concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, José Javier Barbero, y los regidores de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, y de Coslada, Ángel Viveros, junto con el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido.

La reunión duró una hora y media y fue de carácter político. Entre las medidas que se adoptaron es que haya una mayor persecución contra las kundas. De hecho, el apartado 39.2 b) de la llamada Ley Mordaza fue introducido a petición de la anterior delegada del Gobierno en Madrid y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes. Esta reconoció, mientras estaba al frente de la institución gubernamental, que carecía de las herramientas necesarias para acabar con los taxis de la droga.

El problema de las kundas afecta en especial a los vecinos de la glorieta de Embajadores, que han denunciado en numerosas ocasiones que desde allí salen estos coches, lo que hace que acudan los toxicómanos que quieren desplazarse a la Cañada Real Galiana para comprar su dosis de estupefaciente. Se han quejado a todas las Administraciones, pero hasta el momento no han tenido una respuesta eficaz.

Hace años se trataba de coches viejos que no habían pasado siquiera la inspección técnica de vehículos (ITV) o carecían incluso del seguro obligatorio. En la actualidad, son turismos recién estrenados pagados muchas veces por los traficantes de la propia Cañada Real, por lo que eluden los controles por parte de la policía o de la Guardia Civil.

La nueva ley permite que el vehículo en el que se trasladan los toxicómanos y por el que cobra una cantidad el conductor (a veces se trata de dosis pagadas por el propio narcotraficante) sea decomisado como sanción accesoria al tratarse de un bien o un instrumento que se utiliza para ejecutar la infracción penal.

El vehículo es trasladado a un depósito municipal y se queda allí hasta que termine todo el proceso judicial o el juez decida su venta o su devolución al legítimo propietario. Para ello, los Ayuntamientos deben tener lugares apropiados donde almacenarlos.