Detenido un comandante del Ejército en Tarragona por extorsión

Un comandante del Ejército destinado en Barcelona está bajo investigación judicial por dedicarse a extorsionar a personas de su entorno para conseguir dinero. Según una causa que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, el mando presuntamente mandó cartas anónimas y amenzantes a personas con quienes le unía una relación de amistad para lograr que le entregaran importantes cantidades de dinero. El militar, actuando siempre desde el anonimato, tenía acobardadas a sus víctimas porque se valía de datos y detalles de sus vidas para hacer más creíbles y angustiosas las amenazas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al comandante cuando iba a recoger una bolsa repleta de billetes que una víctima había dejado en un aparcamiento.

Los hechos se remontan al 29 del pasado mayo cuando se dispuso un despliegue policial en la zona del club de tiro de Els Pallaresos, a media docena de kilómetros de Tarragona, muy cerca del conocido Pont del Diable. La policía trabajaba con una información que les había puesto sobre la pista del posible autor de una sucesión de escritos y cartas amenazadoras. Los mensajes habían sido remitidos a una persona que refería sentir miedo por lo que le pudiese pasar a su entorno más cercano si no cumplía con las exigencias económicas que le reclamaba su comunicante anónimo. En los escritos quedaba claro que el extorsionador conocía al dedillo las circunstancias personales y familiares de la víctima y los investigadores se pusieron a rastrear los círculos más próximos del destinatario de los mensajes.

Las sospechas confluyeron en un comandante del Ejército, destinado en el acuartelamiento de El Bruc en Barcelona y residente en Tarragona. El oficial, que atravesaba una controvertida situación personal que le llevaba a precisar de continuas sumas de dinero, presuntamente se dedicó a acobardar a las personas de su entorno sobre las que podía ejercer cierta posición de dominio para asegurarse la entrega periódica del dinero que iba precisando.

Un portavoz del Ejército ha admitido tener conocimiento de los hechos y se explica que se ha abierto un expediente, paralelo a la instrucción judicial, para esclarecer el asunto

En una actuación de los Mossos, y en la que intervinieron miembros del Grupo Especial de Intervenciones ante la posibilidad que el militar estuviera armado y reaccionara con violencia, los agentes se desplegaron por las inmediaciones del club de tiro tarraconense. Observaron cómo la víctima llegaba al lugar en coche y dejaba una bolsa con dinero en un punto del aparcamiento que le había sido detallado en una de las comunicaciones. Pasados pocos minutos, otro coche entraba en el aparcamiento. El vehículo era conducido por el comandante que, sin vacilar, se dirigió al punto donde había sido depositada la bolsa con el dinero.

Fue entonces cuando los agentes decidieron a actuar y le detuvieron sin darle tiempo a reaccionar. El oficial estuvo dos días en los calabozos policiales y el día 31 compareció ante el juez. Tras la declaración quedó en libertad imputado por un delito de extorsión y tiene la prohibición de aproximarse a la víctima ni tener ningún tipo de contacto.

Un portavoz del Ejército ha admitido tener conocimiento de los hechos y se refiere la apertura de un expediente, paralelo a la instrucción judicial, para esclarecer el asunto.

Sin embargo, de manera oficial se descarta dar información sobre si se ha procedido a inhabilitar o a suspender al mando. Toda la información que se da en este sentido se refiere a que, para casos que empañan la imagen de las fuerzas armadas o que crean especial alarma social, el Ejército puede suspender de empleo y sueldo hasta por seis meses a los militares que hayan llevado a cabo una conducta reprobable. En los casos más comprometidos incluso está previsto el cese en destino del militar que haya llevado a cabo conductas penales o acciones que dañen la imagen del Ejército. Tampoco sobre este extremo se aclara si el comandante imputado será relevado de su destino una vez caduque la medida judicial que, de momento, protege a las víctimas.