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Desacuerdo entre impulsores de la renta garantizada y los partidos

Los grupos parlamentarios no logran alcanzar un pacto en la suma y las prestaciones

Las negociaciones para que Cataluña tenga una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) —una ayuda que cubra los mínimos vitales de todos los hogares sin recursos— está encallada a 15 días de su votación definitiva en el Parlament. Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la medida y los grupos de la cámara que formularon enmiendas no logran alcanzar un acuerdo sobre aspectos clave, como la cuantía y las contraprestaciones por recibirla. Las partes admiten la dificultad de alcanzar el pacto.

Una ayuda con un coste de 2.600 millones

La ILP, que busca que la Renta Garantizada de Ciudadanía sea un derecho subjetivo, llegó al Parlament en marzo de 2014, tras tres años de trabajo y reproches por su lenta tramitación. Entre sus promotores hay sindicatos, entidades vecinales, el Parlamento Ciudadano y la Marea Pensionista. El Idescat validó 82.000 firmas de las más de 121.000 que se recogieron. <MC>Una renta de estas dimensiones comportaría dar un vuelco a las políticas sociales en Cataluña. Los cálculos más optimistas creen que ponerla en marcha costaría al Gobierno catalán unos 2.600 millones de euros anuales. El plan de lucha contra la pobreza, aprobado hace menos de un mes por el Ejecutivo, está dotado con 1.055 millones.

Iniciativa y CUP no han presentado enmiendas al texto de la ILP, que pretende que la renta garantizada sea un derecho subjetivo. CiU, ERC y PSC están más cerca de lograr una propuesta conjunta, que podría prosperar por mayoría. Sin embargo, los promotores creen que este plan “está muy alejado” del espíritu inicial del texto. Si hay un adelanto electoral, el próximo pleno será el último de la legislatura.

La ILP pide una ayuda de 664 euros mensuales, en doce pagas y con complementos de acuerdo al número de miembros de la unidad familiar. Un hogar compuesto por tres miembros, por ejemplo, recibiría 19.122 euros al año. Entre los requisitos para poder acceder están tener unos ingresos anuales menores al Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (IRSC), fijado en 7.967 euros. Un beneficiario de la actual renta mínima de inserción recibe 460 euros mensuales. Los partidos están de acuerdo con que el cálculo del IRSC está desfasado y se han aprobado varias mociones parlamentarias para actualizarlo, pero no se ha hecho ninguna modificación.

El texto pone como condiciones la residencia legal en Cataluña y acreditar que se ha estado durante cuatro meses en una situación de falta de recursos. El titular, dice la ILP, debe “mantenerse inscrito como demandante de empleo y no rechazar una oferta de trabajo adecuada y digna que deberá adecuarse a sus titulaciones”.

“No pensamos renunciar a la cuantía y no estamos de acuerdo con que se condicione el derecho a recibirla a firmar un compromiso con el Servicio de Ocupación de Cataluña”, asegura Sixte Garganté, profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y portavoz de la comisión promotora. PSC y ERC ayudaron en la recogida de las firmas.

El Parlament ha encargado un informe sobre el coste de las propuestas de ERC, CiU y el PSC. Con este documento, las partes se volverán a sentar la próxima semana, puesto que la votación se tendría que realizar la semana que viene. Garganté advierte: “No hemos presentado una ILP para mejorar el PIRMI. Han tenido cuatro años para arreglarlo y no han hecho nada”.

“No puede ser que un cambio cualitativo en una prestación termine en una gran frustración para todos”, advierte Anna Figueras, diputada de CDC. La propuesta de Convergència parte de un básico de 464 euros al mes por persona (el 70% del IRSC) y un aumento del 5% de esa cantidad para cada miembro adicional. Una familia compuesta por tres personas recibiría 6.772 euros al año. CiU cree indispensable que cada beneficiario tenga una plan individual de apoyo que lo ayude a la inserción social o laboral.

Esquerra, por su parte, propone desdoblar la ayuda: una parte iría a las personas en riesgo de exclusión social (que no tendría contraprestaciones hacia la Administración) y otra para complementar los ingresos de los trabajadores pobres. El republicano Oriol Amorós explica que se desarrollaría un sistema de bonificaciones que estimularía la ocupación, es decir, que impediría que se renunciara a trabajos y de pudiera compatibilizar un sueldo con una parte de la ayuda.

El PSC también considera necesario dividir la prestación y que la cantidad tenga una relación respecto al salario mínimo interprofesional que “garantice que no se produzca un efecto desincentivador de la inserción laboral”, explica la diputada Eva Granados. Los socialistas creen que se debería fijar una cantidad para el próximo año —el 75% del IRSC— y que su aumento anual se ajuste al diálogo social y a las magnitudes macroeconómicas, algo que lideraría una mesa de seguimiento. Esto, cree Granados, la haría “realista y suficientemente gobernable”.