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Vivir de la nómina y de la ONG

Muchos trabajadores solicitan ayuda a las entidades sociales porque cobran bajos salarios que no cubren los gastos básicos

Una mujer limpia cristales en la Ciudad de la Justicia.
Una mujer limpia cristales en la Ciudad de la Justicia.

Mónica se siente afortunada a sus 35 años porque a diferencia de mucha gente de su entorno tiene un trabajo con un contrato estable desde hace cuatro años. Solo paga 300 euros de alquiler y durante la crisis no ha llegado a estar mucho tiempo desempleada. Pero el optimismo se desvanece a medida que entra en los detalles: su empleador solo le garantiza jornadas de seis horas diarias con un sueldo base que no llega a los 600 euros mensuales, su contrato de limpiadora es fijo discontinuo, así que se pasa dos meses al año cobrando el paro y la vivienda es barata en comparación al mercado, pero se lleva el 50% de su salario. Vive sola con su hijo de ocho años así que no puede renunciar al gasto de 250 euros mensuales que le supone la canguro. Pese a formar parte de las estadísticas de ocupación lleva tres años acudiendo a Cáritas.

Las entidades sociales vienen advirtiendo en los últimos meses de que la creación de empleo no está contrarrestando la pobreza generada durante la crisis. La está cronificando. En 2013, el 15% de los hogares catalanes donde el sustentador principal tenía trabajo se encontraban en situación de exclusión, según un informe de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas. El 45% de quienes sufren un desahucio están ocupados e incluso así no pueden hacer frente al pago de la vivienda, según una encuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) difundida hace unos días.

Las instituciones de apoyo al tercer sector ven cómo los usuarios a los que han ayudado a insertarse en el mercado laboral continúan llamando a sus puertas en busca de ayuda para pagar facturas, el comedor escolar o acceder a alimentos. “A veces puede que sus salarios les den para pagar el alquiler y la comida, pero no les llegan para gastos extra como los libros del colegio o una ortodoncia por un problema grave”, comenta Mercè Danell, coordinadora de los programas y servicios de Cáritas, que asegura que el 11% de los adultos a los que atiende la entidad tienen trabajo.

El director de Ocupación de Cruz Roja, Ramon Jané, explica que la calidad de las ofertas que llegan a sus programas de empleo es cada vez menor en materia de tiempo y salario. La organización preparó en 2014 itinerarios intensivos de inserción laboral para 3.391 personas. De estas, 1.246 consiguieron firmar un contrato. “El 44% era de jornada parcial y el 97%, temporal. Y de corta duración porque ocho de cada diez no superaba los seis meses”, afirma.

Si se clasificaran en diez bloques los asalariados de Cataluña en función de su sueldo, el 10% con el salario más bajo tendría unos ingresos mensuales de 419 euros de promedio, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2013. En 2007, la cifra ascendía a 520 euros. La profesora del departamento de Dirección y Organización de Personas de Esade, Àngels Valls, admite que los ajustes salariales son parte del problema pero sostiene que el aumento de la subocupación pesa aún más: “El empleo a tiempo parcial ha crecido mucho. Pero lo que también se está dando cada vez más son jornadas de muy pocas horas. Porque un contrato de 30 horas a la semana también es trabajo parcial, pero hay un desequilibrio en el mercado que hace que haya una necesidad de máxima flexibilidad por parte de las empresas”.

Valls asegura que esta situación está incrementando la fragilidad de los puestos de trabajo: “Aumenta la posición de fuerza del ofertante de empleo sobre el trabajador, sobre todo en las ocupaciones de bajo valor añadido”. Con una tasa de paro del 20,05% en Cataluña, pocos son los que rechazan un trabajo, por muy precario que sea. “La gente quiere trabajar y proveer a sus familias. En los casos contados en los que no aceptan una oferta, suele ser porque la persona tiene una prestación, el empleo va a durar menos que la ayuda y cogerlo no compensaría perderla”, afirma Jané.

Problemas legales

José, que como Mónica prefiere no dar su verdadero nombre para mantener su empleo, llevaba tres años en el paro y estaba a punto de agotar el subsidio cuando por fin recibió la tan esperada llamada. Se trataba de un contrato de 28 horas a la semana en una contrata de limpieza con un salario de poco más de 800 euros. Le dijeron que había posibilidad de hacer horas extras, pero le advirtieron que no se quedaría en la empresa más de un año por “problemas legales”.

“Cuando hice el curso de limpieza nunca me esperé que me ofrecieran un trabajo de menos de cuarenta horas semanales y que tuviera que estar yendo cada día a empresas diferentes", comenta. Sabía que los sueldos habían caído pero desconocía las dinámicas de la subcontratación y las jornadas a tiempo parcial. “Yo antes era soldador, trabajaba mis ocho horas en un solo día y ganaba 1.500 euros. ¡Qué tiempos aquellos!”, recuerda con nostalgia este hombre de 42 años.

De momento, le han subido la jornada a 40 horas para cubrir una baja aunque no sabe hasta cuándo. Pero dentro de pocos meses cumplirá el año, tendrá que dejar la empresa y no cree que lo cotizado le alcance para tener derecho a la prestación por desempleo, así que intenta ahorrar. Lo tiene difícil, ya que el aumento de horas solo le ha supuesto una mejora de 100 euros y no se ha atrevido a pedir explicaciones: “Quiero preguntar lo menos posible porque no sé cómo podrían reaccionar”. Su mujer solo gana 500 euros y tienen un hijo pequeño, así que de vez en cuando se ve obligado a volver a Cruz Roja para que le ayuden a pagar alguna factura.