Confusión interesada

No hay privatización en la sanidad pública, se juega a la confusión. Este es el mensaje de Boi Ruiz defendió en el pleno monográfico sobre salud del Parlament de Cataluña, donde también llegó a decir que no hay corrupción en el sistema sanitario catalán y que casos como el de Innova en Reus son responsabilidad del Ayuntamiento y del consejo de administración de aquella empresa. Según Ruiz, el Departamento de Salut y sus políticas no tienen nada que ver.

Una vez más se utiliza el lenguaje de forma perversa para decir mentiras encubiertas y evitar que se ponga en cuestión el modelo. Cuando Boi Ruiz afirma que él no ha privatizado nada quiere decir que todavía no ha vendido el Hospital público de la Vall d'Hebrón a una empresa privada, por ejemplo. Pero nosotros le damos un significado más completo a la palabra privatizar. Privatizar en sanidad es proporcionar recursos públicos a entidades privadas con ánimo de lucro con el fin de que presten servicios sanitarios asistenciales que se tendrían que dar en equipamientos públicos. Privatizar la sanidad pública es poner los recursos a disposición de unos accionistas para que hagan negocios, o de determinados profesionales, es decir, mercantilitzar la asistencia.

Hablamos de las derivaciones de pacientes. Estos enfermos no se pueden tratar en los servicios públicos por culpa de los recortes presupuestarios. Así se produce la decisión política de remitir pacientes a centros privados, que hacen negocio con nuestro dinero. Sólo en Barcelona ciudad, en 2014 el presupuesto de los hospitales públicos se había recortado un 16%. En esta situación de precariedad provocada por el propio gobierno, es el propio gobierno el que ordena derivar a 4.000 pacientes —que habrían podido ser operados en los hospitales de Vall de Hebrón, del Mar, Sant Pau o Clínic— a un hospital de Barcelona propiedad de una multinacional privada con ánimo de lucro, aumentando así el dinero público que recibe a través del concierto. Si esto no es privatizar los recursos públicos, Boi Ruiz tendría que volver a empezar los estudios de primaria.

Dentro del modelo catalán público/privado no han trascendido casos de corrupción (lucros ilícitos de personas o de empresas) en el ámbito del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que es de propiedad y gestión pública y está sometido al derecho público y a controles exhaustivos. Por el contrario sí nos hemos encontrado con casos de corrupción o mala gestión del dinero público en el 30% de los hospitales concertados (gestionados por fundaciones, consorcios y empresas), que se rigen por el derecho privado y que no tienen tantos controles, reglamentos e intervenciones como los públicos. Medios de comunicación alternativos como Cafèambllet y SICOM, alguna prensa mayoritaria, varios políticos y la propia Sindicatura de Cuentas han dado a conocer hechos escandalosos en 17 de las 53 entidades concertadas. Y eso es solo lo que conocemos. Tenemos, pues, casi un tercio de toda la actividad sanitaria concertada bajo sospecha.

Ante esta realidad, el consejero osa decir que no hay corrupción en el modelo, que se trata de responsabilidades puntuales de cada empresa, entidad o consejo de administración. Nosotros decimos el consejero es el responsable de vigilar qué se hace con nuestro dinero. La corrupción en el sistema sanitario catalán no es un accidente. La corrupción y las cosas mal hechas son elementos estructurales. Es el sistema basado en el derecho privado, con muy pocos controles, amiguismo e interferencias políticas y económicas. Es el modelo el que está enfermo.

Ahora, el gobierno de Cataluña quiere romper el ICS, la principal estructura de Estado que tenemos, con más de 42.000 trabajadores antes de los recortes, que gestiona siete de los grandes hospitales y la mayor parte de la atención primaria. Quiere manos libres para externalizar y mercantilizar fragmentos del ICS en todo el territorio, creando consorcios sometidos al derecho privado, con la excusa —otra perversión del lenguaje— de hacer sinergias y ganar en eficiencia, como si esto no lo pudiera hacer el ICS. Ya hay proyectos para convertir en consorcio la red sanitaria de Lleida o el Clínic de Barcelona, y se están haciendo planes funcionales o estratégicos en Tarragona y en Girona para poder tener menos control público, menos transparencia. Y también permitir que se haga actividad privada en los centros públicos, estableciendo dobles puertas de entrada, como un paso más en el proceso de la privatización encubierta.

No nos van a engañar. Defendemos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, el derecho a la salud en un sistema sanitario totalmente público, sin concesiones al lucro privado, universal, equitativo, eficiente y de calidad. Defendemos, en el proceso constituyente que nos espera, el derecho a decidir sobre nuestro sistema sanitario pasando por encima de los blindajes programados por determinados partidos, por mayoritarios que sean en estos momentos.

Firman este artículo Pep Martí, Enric Feliu y Ramón Serna, miembros de la Marea Blanca de Cataluña